En política y aún más en la política actual, es muy habitual que cuando no se es capaz de solucionar un problema, los gobernantes distraigan a la opinión pública abriendo debates paralelos que camuflen su propia incompetencia.
En el grave problema del acceso a la vivienda, que nuestros líderes políticos se muestran absolutamente incapaces de embridar, para desviar la atención y confundir a la ciudadanía, se lanzan propuestas que se sabe son inviables como si fueran la solución mágica del asunto, de forma que parezca que se hace algo, cuando no se hace nada que pueda contribuir a la solución de este enorme drama social.
Recordará el lector que en septiembre de 2017, hace seis años, el Parlament ratificó el “decreto de emergencia habitacional” del Govern de Francina Armengol, que declaraba la emergencia habitacional en Ibiza. Aquella fue una exigencia de Podem Eivissa hecha al PSOE y Més, a cambio de apoyar la modificación de la Ley de Turismo.
Se aseguró entonces que tal declaración era una medida excepcional que tenía como objetivo que “nunca más veamos situaciones como la de personas que viven en furgonetas o en tejados por 500 euros al mes”, según dijo la portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo. ¿De qué sirvió aquel “logro” aprobado hace más de cinco años? ¿La situación del acceso a la vivienda en Ibiza ha mejorado en algo tras aquel “éxito” del que Podemos sacó pecho? En absoluto.
Las propuestas que ahora se plantean, de forma peregrina y sin ningún estudio solvente que les dé fundamento, ni que asegure ni levemente su eficacia, tampoco servirán para paliar el desastre que padecemos ya en toda Baleares.
Ni reducir la cantidad de viviendas que se poseen, de 10 a 5, para ser considerado gran tenedor, de forma que se puedan expropiar temporalmente para destinar a alquiler social las que estén vacías. Teniendo en cuenta que hasta ahora y en toda Balears, el Govern sólo ha expropiado poco más de 50 viviendas y únicamente ha podido incorporar al parque público alrededor de una veintena, estamos haciendo un pan con unas tortas.
La ocurrencia irrealizable de prohibir la venta de inmuebles a los extranjeros, aunque sean comunitarios, es otra burda maniobra de entretenimiento que no nos lleva a ningún lado, por más que Més y Podemos insistan en que la pelota está en el tejado de la Unión Europea y el Gobierno de España. Saben perfectamente que no hay nada que hacer, como está cansado de explicarles el PSOE y todos los juristas consultados hasta la fecha.
La Ley de Vivienda sigue atascada en el Parlamento, porque sus impulsores no se ponen de acuerdo. Cada cual va por su lado porque saben lo que se juegan en este espinoso asunto, de forma que de lo que se trata aquí y ahora, es de aparentar que se hace algo, cuando realmente lo que se evidencia es que no son capaces de solucionar nada, al margen de construir unas cuantas promociones de VPO que en nada solventan el drama social, por más que lo quieran vender como la llegada del hombre a la Luna.
Nada de lo hecho hasta ahora no solo no ha logrado resolver el problema, sino que ni siquiera lo ha aliviado levemente. Los responsables del desaguisado siguen lanzando bombas de humo para tapar su rotunda ineptitud. Pero el drama ya es imposible de tapar y sus engaños, no cuelan.
