@Noudiari / El Ayuntamiento de Sant Josep, en el pleno municipal celebrado esta mañana, ha aprobado el pliego de condiciones para la concesión a 50 años de siete nuevas licencias de taxi, cuatro de tipo general y tres licencias para taxis adaptados o eurotaxi.
El coste de las licencias de tipo general será de 160.000 euros y el de las de taxis adaptados de 130.000 euros, lo cual supondrá unos ingresos para el ayuntamiento de 1.030.000 euros.
La propuesta salió adelante con el voto en contra del PSOE-Pacte, que criticó que se viene hablando desde hace tiempo de ampliar el número de licencias de taxi y que luego dicha medida no se cumple. «El mes pasado se aprobó en el pleno la creación de 15 nuevas licencias de taxi y, ahora, otra vez. No sé por qué las creamos si luego no se van a licitar. Se está jugando con la gente y nos están engañando a todos», afirmó Paquita Ribas, concejala de PSOE-Pacte.
«Ni hemos prometido nada ni hemos engañado a nadie. De momento se aprueban estas siete licencias y, después, en una segunda fase, se verán las siguientes», replicó Serafín Grivé, segundo teniente de alcalde y concejal de Interior, Transportes y Protección Civil.
Normas subsidiarias
También hubo polémica por la aprobación de dos modificaciones puntuales a las normas subsidiarias. En ambos casos, los técnicos del Consell d’Eivissa reprobaron los informes del Ayuntamiento de Sant Josep, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de abrir locales de ocio en zonas de uso industrial.
«No explica que es lo que se quería modificar -indicó el progresista Josep Antoni Prats al c0ncejal de urbanismo-. Lo importante es lo que nos querían colar, que era que en la única zona industrial del municipio se pudieran poner más discotecas y lugares de ocio para beneficiar a determinados negocios y personas. Se han visto obligados a retirar esa modificación por la presión social y mediática pero, en el camino, han perdido credibilidad».
Javier Marí Álvarez, por su parte, aseguró que Prats «estaba mintiendo». «Hubo una petición del sector y nosotros planteamos esa modificación, que decidimos retirar atendiendo al informe del Consell. No es ninguna barbaridad y en casi toda España son unos usos permitidos», declaró el concejal de urbanismo.
También se aprobó el inicio del proyecto del edificio municipal para usos sociales, en la urbanización Can Nebot, que se encuentra entre Sa Carroca y Can Fita, para que la parcela municipal donde estará ubicado el local disponga del uso de “Equipamiento”. PSOE-Pacte, eso sí, votó en contra porque, según declaró Prats, «estamos de acuerdo en que se haga el centro social pero, una vez más, han hecho mal los trámites y los técnicos del Consell nos han vuelto a sacar los colores».
Personal de confianza
Otro punto de fricción entre populares y progresistas se produjo con la moción de control con respecto a los puestos de confianza y, sobre todo, de Manuel Ruiz de Adana, que ha pasado de ser coordinador de turismo a ocupar el mismo cargo, pero en alcaldía, después de que el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB) declarara ilegal su contratación.
«El equipo de gobierno tiene la capacidad de nombrar los cargos de confianza que quiera, pero después de que los tribunales nos dieran la razón por la irregularidad de la contratación de Adana, la respuesta ha sido remodelar esos cargos para que tenga de nuevo cabida. La cuestión es que no sabemos muy bien qué hará y si cambian sus funciones o lo que cobra», señaló Josep Marí Ribas, Agustinet, portavoz de PSOE-Pacte.
«Hará los trabajos que el encargue el equipo de gobierno y, sobre todo, labores de asesoramiento, que para eso es personal de confianza», afirmó, tajante, Vicent Torres, concejal de turismo, y que recientemente denunció el «linchamiento político» que, en su opinión, está sufriendo Manolo Adana.
Després, quan es demostri que no és rentable haver de pagar 160.000€ per poder portar persones d’un lloc a un altre, venen els plors.