EFE / @Noudiari / La Conselleria de Educación ha acordado con los directores que si algún centro tiene dificultades para su funcionamiento ordinario o necesita una cantidad superior al remanente que tiene disponible para terminar proyectos previstos en 2020, podrá ver incrementada su dotación, según una nota remitida por la conselleria en la que habla de un principio de acuerdo con medidas a corto y medio plazo para regular los remanentes de tesorería de los centros.
Se prevé además que en 2021 se recupere la partida global del año 2019 para los gastos de funcionamiento de centros, ha informado el departamento después de mantener un encuentro con asociaciones de directores de primaria, secundaria y adultos de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera.
Sin embargo, la comunidad docente de Ibiza recela de un principio de acuerdo en el que no se sienten partícipes, como ha quedado patente en un tuit de Joan Amorós, presidente de l’Associació Professional de Docents d’Eivissa.
Algú està fent malament les coses. O Conselleria menteix o els representants de les associacions de director no han esperat a consultar els seus representats per prendre una decisió. Alguna cosa falla. pic.twitter.com/UtVdwDFZUl
— Joan Amorós🔻🇵🇸 (@joaneivissa75) January 15, 2020
En la reunión, convocada tras las quejas de siete asociaciones de directores de centros de educación primaria, secundaria y adultos que reclamaron una revisión de los Presupuestos de la comunidad de este año para revertir el recorte de asignaciones a los colegios e institutos que tienen un remanente superior en un 10 % a su asignación de 2019, también han abordado la asignación de las partidas presupuestarias para los gastos de funcionamiento de los centros públicos y la mejora en su gestión económica. Un punto que también ha generado polémica porque parece que se señala que los centros no saben llevar sus cuentas.
https://twitter.com/BalaguerPla/status/1217542341894066178
Las medidas acordadas se explicarán a todos los directores de centros públicos de las islas en los próximos días, este jueves está previsto un encuentro con los representantes de las Federaciones de Asociaciones de Padres de las Islas y el viernes con directores de primaria y secundaria de Ibiza y Formentera.
Mientras, hay convocada una concentración contra los recortes en el bulevar Abel Matutes el sábado a las 12 horas.
Dissabte 18 de gener, 12h. Bulevard Abel Matutes d’Eivissa. Concentració #noalesretallades
Amb l’adhesió de FAPA Eivissa, Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària i l’Assemblea 0-3. pic.twitter.com/jEx3WcfHxQ— DOCENTS EIVISSA (@apdeivissa) January 15, 2020
Por su parte, el conseller March ha destacado las bonanzas del acuerdo: «Queríamos recuperar la confianza que habíamos perdido y queremos poner las bases de una buena gestión económica de los centros tanto a corto como a medio plazo».
March ha reconocido que «se había creado un malestar que se tenía que aclarar» y ha detallado que en la reunión «se ha hecho una propuesta abierta, inicial, que se ha de poder ampliar y modificar en las próximas reuniones», que busca «garantizar una financiación suficiente por parte de los centros educativos y que deben estar controlados ya que se trata de dinero público, que es de todos y que se deben gestionar de manera adecuada».
Principios del acuerdo
A corto plazo, se propone que el remanente correspondiente a fondos no finalistas o a fondos finalistas de programas propios de la Conselleria que podrán mantener los centros educativos a día 31 de diciembre de cada ejercicio presupuestario no podrá superar el 110 % de la asignación presupuestaria anual para gastos de funcionamiento.
Los centros educativos podrán disponer de un remanente superior al finalizar un ejercicio presupuestario determinado, si justifican que tienen previsto destinarlo a inversiones o mejoras del centro o reducir las aportaciones de las familias en el ejercicio inmediatamente posterior.
Se devolverán en un máximo de tres años las cantidades retenidas en el presupuesto de 2020, a los centros que cumplan las condiciones establecidas en los dos puntos anteriores.
Entre febrero y abril se revisará conjuntamente con los equipos directivos de los centros la situación de los que tengan un remanente más elevado, para consensuar las medidas a adoptar.
Además, si hay algún centro que durante el año 2020 se encuentre en dificultades para su funcionamiento ordinario o necesite una cantidad superior al remanente dispuesto para terminar proyectos previstos, «podrá ver incrementada su dotación a partir de la revisión conjunta entre la dirección del centro y la Conselleria para consensuar esta dotación adicional».
Se habilitará el sistema mediante el cual los centros podrán destinar a gastos de funcionamiento ordinario, a compra de material didáctico o inversiones los remanentes provenientes de programas específicos propios de la Conselleria.
Educación dotará además un fondo de contingencia anual para responder a necesidades sobrevenidas de los centros para emprender proyectos, tareas de mantenimiento o dotación de material didáctico.
También se propone que se diferenciará en la contabilidad el origen de los remanentes para facilitar que los provenientes de la aportación de las familias puedan implicar la disminución de sus aportaciones en el futuro.
Ek punto más polémico es el que apunta que la Conselleria «incrementará las acciones formativas sobre gestión económica dirigidas a miembros de equipos directivos y se les facilitará asesoramiento para mejorar la gestión económica del centro».
Por otra parte, a medio plazo se modificará el decreto de régimen económico de los centros públicos para dotarlos de mayor autonomía de gestión económica, contando con la opinión de los equipos directivos y de las Federaciones de Asociaciones de Padres y se analizará la posibilidad de llevar a cabo la suscripción de acuerdos marco por parte de la Conselleria para cuestiones como por ejemplo, para adquirir «Chromebooks», tabletas u otros materiales.
En el plazo de un mes se creará un grupo de trabajo con representantes de la Conselleria, de la dirección de los centros y de las federaciones de asociaciones de padres con el fin de diseñar la modificación de las instrucciones de gestión económica de los centros en el marco de la actual normativa, proponer cambios en el régimen de gestión económica de los centros y hacer el seguimiento de las medidas acordadas.
