EFE / El director general de Vivienda y Arquitectura, Eduardo Robsy, ha explicado que los 56 pisos de grandes tenedores que llevan más de 2 años vacíos y cuya expropiación ha iniciado el Govern, se adjudicarán con criterios de vivienda protegida «a las personas que más lo necesiten».
El Govern inició el martes el primer proceso de expropiación temporal de viviendas de grandes tenedores (que tienen 10 viviendas o más), con una resolución de cesión obligatoria por 7 años para alquiler social de 27 pisos en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza, por un coste previsto de 1,8 millones de euros.
Las viviendas las gestionara el Ibavi en régimen de alquiler social, de manera que se evaluará caso por caso a los solicitantes, con requisitos concretos al tratarse de vivienda protegida como la renta familiar y otros «elementos sociales» habituales como a que a menor renta mayor necesidad social, situaciones de dependencia o hijos menores a cargo y tiempo de residencia en Baleares, ha detallado en una entrevista al programa «La brújula» de Onda Cero.
«Cada solicitante recibe una puntuación, de manera que los pisos son adjudicados a las personas que más lo necesitan», ha añadido Robsy sobre el destino de estas primeras viviendas expropiadas a grandes tenedores en virtud de la Ley balear de Vivienda de 2018.
Robsy ha detallado que «la medida tiene un componente sobre todo didáctico, pretende que bancos, fondos de inversión y sociedades inmobiliarias tengan claro que la vivienda tiene una función social que es servir de hogar a las familias, por lo que no pueden mantenerse vacías en tanto puedan ser vendidas o alquiladas».
El director general ha indicado que antes de la expropiación, el Govern intentó alcanzar acuerdos «sobre todo con bancos». «Demostraron que no tenían interés directo en facilitar la tarea y ponerlas a disposición alcanzando acuerdos, por lo que no nos queda otro remedio que pasar a la expropiación», ha añadido.
Se pueden presentar alegaciones al proceso de expropiación y recursos en vía judicial contencioso-administrativa pero, según Robsy, «el procedimiento sigue adelante y no se bloquea la adjudicación de la vivienda a la persona que la necesita».
El Govern pagará una compensación inferior a los precios de alquiler registrados como índice de referencia por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la comunidad autónoma, que fija un precio medio mensual de 624 euros, mientras que la cantidad que pagará el Govern es de una media de 391 euros mensuales.
La determinación de esa compensación «es la parte central del procedimiento y donde probablemente se concentren las discrepancias», indica Robsy, que justifica que sea inferior al precio medio que determina el Ministerio porque «la indemnización del Govern a los grandes tenedores se liquida en un único momento, por los 7 años de manera íntegra».
Durante ese tiempo «no hay morosidad, rotación o posibilidad de impago, la propiedad conservará su valor al estar mantenida y hay un efecto financiero favorable al pagar todo en el momento inicial». Pasados los 7 años, o se devuelve, o la relación puede continuar si se alcanza un acuerdo.
Robsy descarta que la medida pueda disuadir la inversión inmobiliaria en las islas cuando solo afecta «a pisos cerrados durante años». «No vemos relación directa y no lo valoramos como riesgo o amenaza para la actividad inmobiliaria», ha añadido.
El Govern tiene registradas 800 viviendas en manos de grandes tenedores en las islas, pero no todas encajan en las condiciones para destinarlas a alquiler social.
Según Robsy, el ejecutivo esperará que termine la primera expropiación antes de emprender otras: «Estamos rompiendo el hielo ahora y primero queremos ver cómo se desarrolla este procedimiento, antes de poner en marcha otros, pero sí tenemos los recursos presupuestarios para hacerlo y existen viviendas vacías durante más de 2 años en manos de grandes tenedores que nos gustaría que estuvieran en manos de las familias».
