Fanny Tur denuncia que el proyecto de las autovías estaba diseñado para favorecer los intereses de Matutes

@Pablo Sierra del Sol / «Por primera vez la gente de Ibiza se atrevió a alzar la voz para señalar a unos señores que se creían intocables. Lo que tendría que haber pasado durante la Transición ocurrió con las autovías». Fanny Tur, portavoz hace una década de la plataforma antiautopista, ha comparecido esta tarde en la comisión de investigación del Parlament para desmentir las acusaciones del Partido Popular, que ha considerado que tras aquel colectivo se escondían motivaciones partidistas. El rifirrafe verbal entre el menorquín Antoni Camps, representante de los populares durante su comparecencia, y Tur ha sido evidente.

Camps ha calificado las intervenciones de las voces contrarias a aquellas obras públicas de «circo mediático». Además, ha achacado los sobrecostes producidos en el proyecto a las modificaciones realizadas por la conselleria balear dirigida por Jaume Carbonero entre 2007 y 2011, legislatura en la que los conservadores pasaron a la oposición tanto en el Govern como en el Consell ibicenco. Para el diputado conservador, los gastos que provoque la comisión de investigación habrá que sumarlos a esta lista de desembolsos extra, punto que también ha recalcado Miquel Jerez en la ronda de consultas a Albert Prats.

Tur le ha contestado que mediático fue «entrar sin papeles en casas y propiedades privadas», actuaciones policiales que acabaron «en los telediarios estatales». «La construcción de esas autovías», ha dicho Fanny Tur, «causaron una brecha territorial y social en la isla. Todas las conselleries se utilizaron para favorecer su construcción, incluida la de Patrimonio».

La historiadora ibicenca ha cargado las tintas contra el entonces conseller Joan Marí, Botja, por dejar sin protección los molinos de la parroquia de Sant Jordi, las centenarias viviendas de ca na Palleva y los restos arqueológicos de época romana que aparecieron en el tramo del aeropuerto («incluyendo un tramo de un acueducto, que no era el de Segovia, pero era nuestro acueducto»).

Preguntada por Camps por el germen de la plataforma de la que fue portavoz, Tur ha contestado que su creación se generó de forma casi espontánea. Según ella, fueron las reuniones masivas que empezaron a convocarse en Sant Rafel por parte de los vecinos afectados por las expropiaciones las que condujeron a muchos a pensar que debían organizarse para frenar «una obra que no ha hecho nada por mejorar la movilidad en Ibiza». «No se puede criminalizar a gente que defiende su casa. Una vez creada la plataforma, nos pedían ayuda los propietarios. Había 500 familias implicadas, muchas de ellas, gente de derechas que había votado conservador durante todo su vida. Resulta que el PP, el mismo partido que les metía el miedo en el cuerpo diciéndoles que iban a venir los rojos a quitarles sus tierras es quien se las expropia de forma irregular», ha ampliado Tur.

Cuando la responsabilidad de hacer preguntas ha recaído en Aitor Morrás, de Podemos, la conversación ha girado en torno a Abel Matutes y el grupo empresarial entonces conocido como Fiesta Hoteles. Según Tur, sobre la figura del empresario pivotaban todos los intereses que se habrían generado del proyecto. Ha argumentado que Stella Matutes era al mismo tiempo consejera en el conglomerado empresarial de su familia y consellera de Obras Públicas en el Consell de Ibiza; que la curva que trazó la autovía del aeropuerto sirvió para no expropiar las naves de Zumos Naturales, propiedad de los Matutes; que los 390.000 metros cúbicos que necesitaba el ex ministro de Exteriores para construir un campo de golf en Platja d’en Bossa se corresponden con los 400.000 metros cúbicos que se extrajeron de uno de los «innecesarios» túneles construidos en esa misma vía; o que el propio empresario se sentaba en aquella época en el consejo de administración de Fomento Construcciones y Contratas, la adjudicataria de las obras de la carretera de Sant Antoni.

Las declaraciones que emitió Pere Palau en la comisión las ha calificado Fanny Tur como «cínicas». «Es gracioso que alguien al que no le expropiaron naves -como también ocurrió con el alcalde de Sant Josep, José Ramón Serra Escandell, y otros cargos del PP- en el polígono del aeropuerto para echarle las culpas a AENA por el embudo que provocaron en esa autovía cuando pasa de cuatro a dos carriles venga ahora a hablar de que la ampliación de las carreteras se hizo por razones humanitarias porque querían salvar vidas acabando con los accidentes de tráfico».

Tur ha explicado que la plataforma puso en conocimiento del juez Pedro Barceló y del fiscal Juan Carrau estos supuestos tratos de favor: «Nos dijeron que archivaban nuestras denuncias sin mirarnos a la cara».

Tras su intervención, le ha tocado a Albert Prats responder a las preguntas de los diputados de la comisión. Miquel Jerez ha tomado el relevo de Antoni Camps por parte del PP y ha incidido en que los sobrecostes de las autovías se produjeron durante el gobierno progresista. Concretamente, ha acusado al propio Prats de crearlos por las modificaciones que introdujo cuando pasó de «referente de la revuelta» a conseller de Movilidad».

El ex dirigente de Eivissa pel Canvi ha respondido alegando que los cambios se debían a «corregir deficiencias del proyecto original», «ser respetuosos con el patrimonio arqueológico hallado» y «reducir la extensión del innecesario túnel de Sant Rafel», que perdió casi un kilómetro respecto a los planes iniciales ahorrándose la Administración «unos 15 millones de euros». «Y nadie lo echa de menos porque era totalmente absurdo el capricho de algunos que querían que los ibicencos condujéramos bajo techo en ese tramo».

Prats ha dicho que en su tiempo como activista se comportó «de manera respetuosa con la ley» y que la reacción de los agentes de la Guardia Civil que se movilizaron en la isla fue desproporcionada en más de una ocasión. «Venían de fuera y alguien les convenció de que nosotros éramos la kale borroka ibicenca, lo peor de lo peor. Uno llegó a decirme que o dejaba de oponerme a que entraran sin documentos oficiales en una propiedad o iba a darme un paseíto en el coche».

Además, ha corroborado las palabras de Tur respecto al retraso en la ejecución de las obras, que habrían encarecido su coste, y que se deberían, según los comparecientes, «al negligente proceder de las empresas adjudicatarias, que causaron fugas en tuberías y llenaron las vías de restos de materiales, obligando al Consell a recurrir a los bomberos de forma habitual».