El dueño del ‘chalet patera’ de Sant Antoni defiende que es «la casa de los trabajadores»

@Noudiari/Agustín Sales, el propietario del chalet de Sant Antoni sobre el que pesa una orden demolición por obras ilegales, ha remitido un comunicado para defenderse lo que «muchos han hablado, opinado, escrito, leído y atacado» a su casa, que niega que sea «chalet patera» y pide que se dirijan a su vivienda como «la casa de los trabajadores».

En una extensa nota, que se puede leer completa en este enlace, el propietario critica que se le haya tratado de «inmoral y de pirata» y defiende que es vecino de Sant Antoni desde hace 27 años y que lleva  «41 años cubriendo las necesidades de envase y artículos publicitarios» de cientos de comercios y empresas de la isla, «sin que absolutamente nadie» pueda decir que le ha «engañado».

Sales, que ha presentado alegaciones contra la orden de derribo, defiende que lleva «14 años ofreciendo vivienda en esta casa a trabajadores temporales», siempre «con diligencia y responsabilidad, trabajando a tiempo completo, incluso a altas horas de la noche, para solucionar sus problemas mucho mas allá de lo que obliga un contrato de alquiler».

El propietario ha negado las afirmaciones que el acusan de aprovecharse de la falta de vivienda «para enriquecerse a costa de los trabajadores» y ha rechazado la «cuenta fácil» que ha salido en los medios de comunicación, que aseguran que gana 264.000 euros por temporada, como resultado de multiplicar 110 personas x 400 euros cada durante 6 meses.

En esta línea, defiende que la media de personas que pasan la temporada suman entre 90 y 95, y que cobra de 300 a 375 euros por cada una, y algunas individuales a 500, con los que consigue, después de pagar impuestos, un beneficio de 43.300 euros. «Una cifra escasa teniendo en cuenta la inversión y la cantidad de trabajo que aquí realizamos dos personas», señala.

Condiciones de salubridad y habitabilidad 

El dueño anuncia que ha presentado al Ayuntamiento de Sant Antoni un informe urbanístico que afirma que «la casa cumple con todas las condiciones de habitabilidad y seguridad marcadas en el decreto de habitabilidad vigente, para 55 personas» y que si fueran de aplicación «las normas del decreto anterior a este, las plazas que tendría esta casa sería de 92».

«Sea como fuere, demuestra que esta casa es capaz de albergar a 92 personas en perfectas condiciones de habitabilidad y salubridad. Además de tener algunos lujos, como son piscina, wiffi en toda la casa, canal plus, barbacoa y limpieza 2 veces al día de las zonas comunes. Por lo que se demuestra que no es una casa patera. Les ruego que cuando se dirijan a ella  lo hagan como ‘la casa de los trabajadores», defiende.

Entre otras cuestiones, el dueño critica que «en una situación de emergencia habitacional, declarada por ley, en la que nos faltan médicos, policías, bomberos, profesionales de todos los sectores por falta de vivienda, que hoteles y restaurantes sufren por falta de personal, y hay gente viviendo en caravanas y en la calle para no perder su puesto de trabajo, “El Consell”  ha abierto un expediente contra esta casa por actividad turística cuando aquí nunca ha entrado un turista».

«Irregularidad prescrita e insignificante»

También cuestiona que «se ha movilizado a la Fiscalía, a la policía, a la Agencia de Protección de Datos, a la Agencia Tributaria de Baleares, a la de Ibiza, a la Delegación del Gobierno, cuatro programas de televisión nacionales, el de aquí, toda la prensa y la radio y al Ayuntamiento de Sant Antoni, en un despliegue de fuerzas inaudito y nunca visto en esta isla para intentar derribar una vivienda perfectamente preparada para albergar la cantidad de personas que la ocupan en unas condiciones envidiables comparadas con las condiciones en que viven en general los temporeros», agrega.

El dueño critica que el Consistorio se apoya «en una irregularidad urbanística ya prescrita e insignificante, comparada con las cientos y cientos de barbaridades que se han cometido y se siguen cometiendo en esta isla», por las declaraciones «de unas televisiones que vinieron a desacreditar nuestra isla» y también por las de «un delincuente, ladrón de profesión, chantagista, drogadicto, ya desahuciado de esta casa por el Juzgado».

El propietario pide al Ayuntamiento de Sant Antoni y al Consell que, «a la vista de las pruebas presentadas, reconsideren su postura» y que «pongan todo su esfuerzo en conservar esta casa, legalizando lo que se deba legalizar, salvar todo lo que se pueda salvar y mandando derribar lo que sea insalvable, con objetividad, espíritu constructivo y responsabilidad política hacia sus ciudadanos, incluido un servidor».

También invita al alcalde, José Tur, a la concejala de Urbanismo, Cristina Ribas, al presidente del Consell, Vicent Torres, «y a quien quiera venir, para que puedan ver en persona las condiciones en las que  aquí se vive». «Serán recibidos cordial y respetuosamente. Esta casa lo merece, hace mucha falta», concluye Sales.