@Vicent Torres / El alcalde de Sant Antoni, Pep Tur ‘Cires’, y la concejala de Urbanismo, Cristina Ribas, así como dos técnicas municipales, han declarando este jueves ante el juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa por la paralización de la actividad al chiringuito de Cala Gració.
«Tenemos que ver cuál es el camino más correcto a seguir ante varios informes contradictorios [de los técnicos municipales]. Lo hemos explicado, espero que haya quedado claro y que no suceda nada más. Esperamos que, mediante la asesoría jurídica que hemos contratado, podamos dar una respuesta pronto», ha aseverado Pep Tur, quien ha confirmado que la magistrada no les ha preguntado por ningún asunto inesperado.
«Las decisiones que hemos tomado han sido de prudencia delante las contradicciones que puede haber entre los diferentes informes», ha añadido el alcalde de Sant Antoni.
La comparecencia del primer edil y la concejala de Portmany es por un presunto delito de prevaricación administrativa.
La promotora del negocio, un kiosko temporal situado en el Cap Negret de la costa de Sant Antoni, presentó en un primer momento alegaciones ante el decreto de paralización de la actividad. El siguiente paso del abogado que defiende los intereses del empresario mallorquín, el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach, fue denunciar al Consistorio.
Cabe recordar que el negocio recibió luz verde por parte de la Demarcación de Costas, del Govern balear y, en un primer momento, del Ayuntamiento de Sant Antoni, que a posteriori encontró “irregularidades” en el proyecto. El cambio se produjo después del revuelo que levantó la aparición de la instalación sobre las rocas.
