@N. C. / Los afectados por las presuntas irregularidades cometidas a la hora de seleccionar a los beneficiarios de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Puig d’en Valls han criticado la reunión que tendrá lugar mañana entre los adjudicatarios de dichas viviendas y miembros de la promotora-cooperativa s’Illa Blanca, encabezados por su presidente Juan Tur Viñas. Además, afirman en un comunicado que su representante legal, del bufete Alcaide Abogados, tiene prohibida la entrada a la reunión. «Seguramente será una reunión banal, con explicaciones estériles y pueriles para lavar su imagen pública», señalan. Además, avisan que próximamente se presentará la correspondiente denuncia ante la Fiscalía, en lo que se considera «unos hechos gravísimos».
Los meses van pasando, dicen los afectados, «en diciembre de 2018 recibimos un comunicado poco clarificativo y un tanto confuso por parte de Salas, que es la empresa promotora y gestora de las viviendas».
Servicio jurídico
Ante las sospechas de que le están abandonando a su suerte y dejando morir su promoción, dado que su precontrato de compromiso caducaba el 28 de febrero de 2019, «decidimos ponernos en contacto con un servicio jurídico que defienda nuestros intereses».
Posteriormente, solicitaron una reunión de los adjudicatarios con el alcalde que se celebró el 1 de febrero de 2019. A la misma, también asistieron el concejal de Urbanismo, Mariano Juan, y la concejala de turismo, Carmen Ferrer.
«Mariano Juan, nos prometió a los allí presentes, que obtendríamos la licencia de obra mayor en un plazo máximo de 15 días, cosa que finalmente no cumplió después de las reiteradas visitas que hicimos a Urbanismo. Intentó quedar bien con los asistentes a la reunión, pero no cumplió con su palabra», lamentan. «Si las licencias de obras se están dando con una media de 3 años, ¿cómo pretendían otorgarnos la misma en un periodo de 7 meses?», se preguntan.
La licencia de obras era muy importante para estos afectados, porque en caso de obtenerla antes del 28 de febrero, la promotora les tendría que indemnizar con 24.200 euros más.
Infracciones y errores
En referencia a la promotora-cooperativa, «resulta que todavía no eran titulares del terreno, por lo tanto, al no tener el pleno dominio de la finca, tampoco podían pedir la licencia de obras.
Tampoco podían percibir cantidades a cuenta, porque está tipificado como falta muy grave en la ley balear de vivienda de junio 2018. Ello supone una multa de hasta 90.000 euros.
Al no tener la calificación provisional de VPO que otorga la dirección general de l´Habitatge, las viviendas no se pueden comercializar. Supondría una nueva infracción administrativa más la correspondiente multa».
Otro error gravísimo, señalan, «es no ofrecer primero las viviendas al IBAVI, que tiene un mes para decidir si se las queda, permitiendo en caso contrario su comercialización por parte de la promotora; infracción tipificada como falta grave».
«Estamos ante un claro delito de estafa y otras irregularidades no menos importantes. Todo ésto en plena campaña electoral, dónde la administración local y autonómica tienen implicación ante el escándalo que se avecina», finalizan.
Buenos dias
En relación con la publicación de esta noticia, desconozco su procedencia, pero lo que si puedo confirmar es que no es un comunicado de los afectados por la adjudicación de la VPOs de Puig den Valls, y mucho menos se ha autorizado ni por ellos ni por sus representantes legales. Desvinculándose por completo de las acusaciones e informaciones que se vierten en el mismo.
Sería conveniente que antes de hacer publicaciones de este tipo contrastasen la veracidad de las informaciones.