EFE / Las personas que en Baleares solicitan atención en aplicación de la Ley de Dependencia deben esperar una media de 300 días hasta que reciben respuesta de la administración, cuando la ley establece que ese plazo no debe superar los seis meses (180 días).
La media en Baleares está por debajo de la nacional, que es de 426 días.
Son datos de la nueva estadística del Sistema de la Dependencia que publica el Imserso, que incorpora por primera vez ese tiempo de tramitación de expedientes con el objetivo de evaluar la marcha del sistema y analizar posibles mejoras y que alerta de que en cuatro comunidades se superan los 18 meses (más de 540 días).
Solo las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); País Vasco (137), Navarra (155) y Castilla y León (191) cumplen esos plazos.
Las comunidades que acumulan más tiempos de espera son Canarias (785), Extremadura (675), Andalucía (621) y Cataluña (576).
La estadística muestra también que, por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado y que el número de fallecimientos de personas sin haber recibido las prestaciones es de 85 personas al día (se estima que unas 31.000 personas murieron en 2019 sin recibir esa atención).
Otra parte de la nueva estadística se dedica a ofrecer datos sobre las intensidades de las prestaciones y servicios.
Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros (que perciben actualmente 425.000 personas).
En concreto, para el Grado I (moderada) el promedio es de 140 euros al mes, 245 para el Grado II (severa) y 340 para Grado III (gran dependencia).La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales atribuye estos retrasos en la tramitación, tras 13 años de implantación de la ley, «en lo sucesivos recortes» en su financiación (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención al no resolver los procedimientos por parte de las administraciones».
«El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios», critica la asociación.
Así, la mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (la resolución del grado de dependencia y la prestación o servicio que disfrutará la persona) y muchas veces, cuando llegan esas resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.
Además, la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria «supone graves trastornos a las personas dependientes y genera importantes sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres, que son el 75 % de las personas que prestan los cuidados familiares».
También varían muchas las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio. Por ejemplo para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 550 euros al mes, que el usuario debe aportar el resto.
