La vacuna AstraZeneca en Ibiza. EFE
EFE / Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán este jueves y viernes en una cumbre para abordar la creación de un certificado de vacunación de la covid-19, esta vez con la propuesta de la Comisión Europea sobre la mesa después de haber debatido la iniciativa en su anterior encuentro a Veintisiete en febrero.
Inicialmente planteada como un encuentro presencial, la reunión se producirá finalmente de manera telemática ante la escalada de casos y el nuevo punto de inflexión en la batalla contra el virus en el continente europeo, días después de que Italia o Francia hayan vuelto a confinar a parte de su población.
A la mesa de los líderes llega por primera vez el planteamiento en negro sobre blanco que la Comisión Europea ha elaborado para el futuro certificado de vacunación: un documento gratuito, en formato digital o en papel y que contendrá información sobre si una persona se ha vacunado, si tiene anticuerpos por haber superado el covid o una prueba PCR negativa.
Ya en la cumbre de febrero, en el primer debate a Veintisiete sobre este documento, quedó patente que no todos los países comparten el mismo entusiasmo por esta idea: se mostraron más cautos el presidente francés, Emmanuel Macron y la canciller alemana, Angela Merkel, al pedir que el documento no sea condición necesaria para viajar.
Bruselas aseguró que el hecho de estar vacunado no será un requisito para poder viajar, ya que los ciudadanos que no hayan tenido aún la oportunidad de hacerlo o se hayan negado podrán demostrar con una PCR o con un test de antígenos su condición sanitaria, por lo que todos los viajeros tendrán los mismos derechos.
Más favorables son los líderes de los países del sur de Europa, muy dependientes del sector turístico, con España y Grecia entre los grandes defensores de esta idea.
Reparto desigual de vacunas
Los líderes debatirán también la alerta que han lanzado seis países (Austria, Bulgaria, República Checa, Croacia, Eslovenia y Letonia) en torno al reparto desigual de estos fármacos entre los Estados miembros.
La compra conjunta de vacunas que efectúa la Comisión Europea implica que cada país tiene un acceso a estos fármacos proporcional a su población, pero los Estados podían elegir dar prioridad a ciertas vacunas.
Bulgaria, por ejemplo, apostó por AstraZeneca y no por Pfizer-BioNTech porque su logística era más fácil y ha tenido que afrontar los recortes y retrasos en las entregas de la primera.
«Creo que es importante que establezcamos (…) un mecanismo de corrección para que Bulgaria no reciba solo un tercio de las vacunas que recibe Malta, por ejemplo», explicó el jefe del Gobierno austríaco, Sebastian Kurz, anfitrión de una reunión para tratar ese tema esta semana.
Rusia y Turquía
Más allá del coronavirus, los Veintisiete también hablarán de dos de los puntos calientes de la vecindad comunitaria en cuanto a las relaciones con la UE: Rusia y Turquía.
El debate sobre la dirección que debe tomar la relación con Moscú parte de la constatación en Bruselas de que existe «un deterioro y una hostilidad» de Rusia hacia la UE, especialmente tras la tensa visita del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, a Moscú en febrero.
Entre los Veintisiete, son los países del Este los que mantienen una postura más firme frente al Kremlin, pero otros como España o Alemania apuestan por mantener los puentes con un socio estratégico por la dependencia energética, el cambio climático o el acuerdo nuclear con Irán.
En cuanto a Turquía, fuentes diplomáticas detectan un cambio a mejor en la actitud de Ankara hacia Bruselas después de un 2020 muy complicado por las prospecciones de hidrocarburos que este país realizó en aguas cercanas a Grecia y Chipre que los tres países se disputan.
Desde principios de 2021 el enfrentamiento ha disminuido y Ankara y Atenas han iniciado conversaciones para tratar de encontrar una solución a las Zonas Económicas Exclusivas.
La UE, además, quiere renovar el pacto migratorio con Turquía, del que se cumplieron esta semana cinco años y que ha permitido frenar la llegada de refugiados al territorio comunitario, desde 885.386 migrantes en 2015 a 20.283 en 2020.
