Unidas Podemos de Santa Eulària reiteró ayer su petición al Ayuntamiento para que interceda en el desahucio de una vecina, “que lleva siendo coaccionada durante meses [por un fondo de inversión] a pesar de tener contrato en alquiler social con el Banco Sabadell”.
El Ayuntamiento, por su parte, subraya que la petición de Unides Podem tiene «numerosos errores» empezando «por la confusión de una comunicación de finalización de contrato con un procedimiento de desahucio que tiene que ser instruido por un juzgado».
En este caso concreto, afirman que la persona afectada «ha recibido diferentes tipos de ayuda por parte del Consistorio para tratar de cubrir sus necesidades básicas de todo tipo pero, a pesar de esta relación continuada, no ha comunicado aún a los Servicios Sociales que haya fijada una fecha para su desahucio».
Desde el Consistorio insisten en que será en el momento en que esta situación se produzca «cuando, legalmente, pueden empezar a actuar los Servicios Sociales municipales ofreciendo los recursos asistenciales de que dispone el Consistorio dentro de sus competencias (las de vivienda no están incluidas) y a los que tienen derecho los afectados, siempre después de analizar cada caso concreto».
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària «trabajan constantemente poniéndose del lado de los ciudadanos para cubrir las necesidades que requieran para evitar que acaben en situaciones de vulnerabilidad o, si estas no se pueden evitar, ofrecer la máxima ayuda para que la salud y la dignidad de las personas se vea afectada lo mínimo posible», remarcan en un comunicado.
«Su trabajo, como se ha demostrado especialmente durante esta epidemia, es callado y lejos de la búsqueda de publicidad, pero totalmente imprescindible», añaden.
