Los residentes en Baleares que aún no hayan sido vacunados ya pueden recibir su correspondiente dosis sin necesidad de solicitar cita previa. Más fácil, imposible. Dado que nuestra comunidad autónoma no se plantea la vacunación obligatoria ni siquiera al personal sanitario de las residencias de mayores, solo queda animar a la gente que aún no está inmunizada a que lo haga cuanto antes, mejor. La persuasión antes que la coacción.
Ayer fue el primer día en que no era necesario pedir cita y los vacunódromos se llenaron de ciudadanos ansiosos de recibir su dosis de Pfizer, Moderna o Janssen, lo cual es muy positivo y permite avanzar aceleradamente en la inmunización colectiva. En Baleares ya son más de 536.000 los ciudadanos completamente vacunados y en las Pitiusas, más de 91.400.
Sin embargo, sigue habiendo un preocupante porcentaje de gente que prefiere no vacunarse y seguir arriesgándose a contraer una infección por Covid-19 que se ha demostrado muy grave, incluso mortal en algunos supuestos. Sus reticencias se basan en la desinformación y en prejuicios que se han demostrado infundados. Pero que quienes se nieguen a vacunarse sean precisamente profesionales sanitarios es algo demencial que colisiona contra el sentido común, la deontología profesional y la salud pública.
Pero que quienes se nieguen a vacunarse sean precisamente profesionales sanitarios es algo demencial que colisiona contra el sentido común, la deontología profesional y la salud pública.
¿Qué haríamos si un cirujano decidiese que no quiere volver a operar con mascarilla y guantes? El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas optan por aconsejar a las residencias que sometan a sus trabajadores sanitarios a controles de temperatura y al menos dos pruebas PCR semanales. Incluso les piden que valoren trasladar a estos profesionales, como si eso fuese algo fácil de hacer.
En Baleares el coste de esas PCR corre a cargo del Ib-Salut, algo que no se comprende. Si un trabajador sanitario decide no vacunarse, es muy libre de hacerlo. Pero ello no debe suponer un coste añadido para la Administración. De modo que lo ideal sería que las pruebas PCR se le descuenten de la nómina al trabajador que no quiere vacunarse. Ya veríamos cuánto tardarían en irse a vacunar.
El derecho de estos empleados a no vacunarse no puede estar por encima de la salud pública y del derecho de los usuarios de las residencias a recibir una adecuada atención. Y, si por su capricho, ellos no quieren vacunarse, que las pruebas que haya que hacerles para garantizar que no están infectados del coronavirus las paguen ellos. Que encima tengamos que pagarlas entre todos es no sólo un privilegio incomprensible, sino un escarnio.
Totalmente de acuerdo.
Es lícito que no quieran vacunarse porque crean lo que les dice internet, twitter , un médico antisistema, un chamán de la patagonia o quien sea.
Lo que no es normal es que puedan trabajar con personas delicadas de salud.
Deberían ser despedidos ya que el sistema sanitario debería velar antes por la salud de los enfermos, que por los derechos laborales de personas que anteponen sus creencias ( que por supuesto son libres) a la salud de los demás.
¿Por qué ningún cirujano querría operar sin mascarilla y guantes y en cambio hay quien no se vacuna?
¿Para qué necesitan vacunarse los que trabajan con ancianos, si los ancianos ya están vacunados? ¿No deberían hacerse las pruebas también los vacunados, si pueden contagiarse y contagiar a otros?