El Consell de Govern ha aprobado este lunes el anteproyecto de ley de consells insulars, una norma que persigue «el fortalecimiento, la modernización y la agilización» de las instituciones propias de Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera.

La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, ha destacado que una de las novedades que introducirá la ley es la ampliación de las competencias de dirección administrativa de los presidentes de los consells y de los consejos ejecutivos.

La ley, que cuenta con 135 artículos, ocho disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, actualiza la normativa vigente desde el 2000 para adaptarla a la revisión del Estatuto de Autonomía de 2007.

«La reforma emprendida no es, por lo tanto, una mera actualización del régimen jurídico de los consells, sino una nueva ordenación con la que se quieren aportar soluciones a los retos de servicio público que plantea la ciudadanía», ha destacado Presidencia.

La futura ley regula la doble condición de los consells como administración local y administración autonómica, y establece un régimen específico para el Consell de Formentera, que es a la vez ayuntamiento y administración autonómica.

El anteproyecto contempla una regulación sobre las empresas y sociedades públicas, organismos autónomos, fundaciones y consorcios dependientes de los consells insulars.

«La ley también establece el tratamiento de los derechos y deberes de los miembros de los consells insulars, que son tanto los consellers elegidos para formar parte del pleno como los consellers, electos o no, que integran el consejo ejecutivo. La Ley pretende que el régimen de incompatibilidades se equipare al que se aplica en el ámbito de la Administración autonómica», explica Presidencia.

Otra novedad es la fijación de reglas para la transición entre mandatos, como ya se establece en las administraciones estatal y autonómica.