EFE / El Consell de Formentera ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la retirada del proyecto de modificación del reglamento general de Costas, según ha informado la administración insular este jueves en un comunicado.
La presidenta de la institución Ana Juan se ha reunido con la presidenta de la Plataforma de Afectados por la delimitación, María José Mayans, y el vocal de la plataforma Vicent Tur, para informarles de las alegaciones que ha expuesto la administración insular ante el Ministerio y en las que pide la retirada de proyecto.
Juan ha dicho que el nuevo reglamento debe recoger «la peculiaridad de Formentera» y que “no se pueden dar pasos atrás» en este sentido.
La presidenta ha recordado que Formentera “siempre ha trabajado unida” en esta cuestión, por encima de intereses partidistas, y ha criticado que la nueva normativa provoca “más inseguridad” entre los particulares e “invade” las competencias de la administración local.
El documento enviado por el Consell señala que las modificaciones “conducen nuevamente a la arbitrariedad” en la determinación del dominio público e invade las competencias propias en materia de urbanismo y actividades.
En este sentido, el proyecto regula las obras que se pueden realizar en la zona de servidumbre de protección y modifica los artículos para hacer obras de conservación en los inmuebles que hayan quedado en dominio público marítimo terrestre, según detallan desde la institución.
También supone una «limitación injustificada” de derechos de los particulares ya que por su “laxitud” deja en manos del criterio subjetivo de la administración la revisión de la delimitación, y “huye” de criterios técnicos aceptados «jurisprudencialmente», justifican desde el Consell.
Además, el Consell advierte que el proyecto puede añadir «nuevos obstáculos” en los derechos de los propietarios o titulares de derechos en dominio público marítimo terrestre, y elimina el apartado que posibilita actualmente el uso de estacionamiento y circulación de vehículos en esta delimitación.
Entre otras cuestiones, señala que el nuevo reglamento prevé limitar el plazo de la concesión como máximo a 30 años renovables, hasta 75 años, y que no incorpora una memoria de impacto económico, una “exigencia fundamental” en legislación estatal para cuantificar la afectación de las medidas que propone.
