EFE/Redacción. La huelga de los letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) ha sido secundada este miércoles por un 30,34 % de las plantillas (a escala nacional), según el Ministerio de Justicia. En el caso de Baleares, el seguimiento ha sido de un 34,9 %, mientras que los convocantes, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPJS), cifran el seguimiento en un 70 % a nivel estatal.
Según ha explicado este miércoles Diario de Ibiza, los letrados de la Administración de Justicia de Ibiza se han concentrado hacia las 12.30 horas ante los Juzgados de sa Graduada para secundar el paro laboral, protesta a la que han asistido cerca de 10 letrados. También según este medio local, la convocatoria (seguida por letrados de cinco de los trece órganos judiciales de la isla) ha ocasionado la suspensión de 15 juicios de lo social y de tres lanzamientos judiciales de inmuebles, entre otros supuestos. «El servicio de guardia, las medidas cautelares, los juicios orales del orden penal, las actuaciones de Registro Civil de cumplimiento prioritario y las actuaciones relativas a la violencia de género se han mantenido como servicios mínimos y esenciales de la actividad judicial», detallan desde Diario de Ibiza.
El paro había sido convocado para reclamar una subida salarial que compense el incremento de sus funciones (han asumido algunas que antes correspondían a los jueces) y una negociación colectiva propia.
Por territorios, según el Ministerio, destaca el seguimiento de la huelga en La Rioja (65,63 %), Murcia (58,46 %), Melilla (47,37 %), Castilla y León (44,72%), Cataluña (36,07 %), Canarias (34,95 %) y Baleares (34,91 %). En los órganos centrales, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, se han sumado al paro el 14,75 % de los letrados, de acuerdo con el Ministerio.
Al acercarse la huelga, fuentes de la negociación y del Ministerio han avanzado que el Consejo de Ministros del próximo 1 de febrero aprobará un complemento retributivo de 195 euros al mes para estos profesionales. Supone una subida de 2.430 euros al año, el 5,26 % de sus retribuciones, a lo que hay que sumar el 2 % de incremento salarial a todo el sector público.
«Es una cantidad apreciable, pero con ella no se compensa el aumento del 30 % de las funciones que asumimos los letrados de la administración de justicia hace más de una década», ha destacado Carlos Artal, miembro de la ejecutiva de la UPSJ y del comité de huelga, quien ha insistido en que aspiran, además, a una negociación colectiva propia. De todos modos, no existe ningún cuerpo de la Administración General del Estado que tenga reconocida una negociación propia. Al margen del caso especial de jueces y fiscales, la interlocución del Ministerio de Justicia es con los sindicatos.
