EFE / Siete de los 14 hombres que fueron detenidos por la Guardia Civil mientras descargaban de una lancha 67 fardos de hachís en Ibiza, que sumaban 2.240 kilos de esta sustancia para vender a terceros, han reconocido los hechos en el juicio celebrado en la Audiencia de Palma.
Uno de los acusados no ha podido ser localizado por su abogado, como su defensa ha detallado por videoconferencia, de manera que el tribunal, a petición de la Fiscalía, lo ha declarado en situación de rebeldía y ha reclamado su búsqueda y captura.
De los 14 procesados, cuatro ya estaban en busca y captura antes del juicio. De los nueve que han acudido este lunes a la vista, siete de ellos han reconocido los hechos y dos lo han negado.
Los hechos juzgados desde este lunes ante la sección primera de la Audiencia de Palma se remontan a marzo de 2022, cuando sobre las 04.55 horas, la Guardia Civil sorprendió a los acusados, en Santa Eulària, descargando 67 fardos con droga y los trasladaban hasta una furgoneta con el fin de vender a terceras personas.
El instituto armado en Ibiza concluyó que el origen del hachís eran las costas de África y en total se incautaron 2.240 kilos de esta sustancia ilícita.
Durante la primera sesión del juicio, los dos acusados que se han desvinculado de la trama han relatado que viajaron a Ibiza para trabajar y que esa noche fueron contratados para «desmontar un bar», concretamente para sacar los muebles de un establecimiento.
Han relatado que fueron llevados en una furgoneta y que luego les irían a buscar, pero no acudió nadie. Tras un rato llamando, han dicho que decidieron ir por la carretera e hicieron autostop, cuando la Guardia Civil les paró y les preguntó si habían venido en una lancha con droga. Dijeron que no sabían nada de eso pero fueron arrestados, han recordado.
Además, estos dos acusados han contado que no tenían la ropa mojada ni con arena.
La Fiscalía considera que los 14 arrestados en relación a estos hechos, que se remontan a marzo 2022, son autores de un delito contra la salud pública, y por ello pedía inicialmente que cada uno de ellos fueran condenados a cinco años y medio de prisión y multa de 20 millones de euros.
