El Govern abrirá un proceso de regularización extraordinario durante 3 años para construcciones ilegales en suelo rústico en los casos donde la administración ha perdido el derecho de restablecer la legalidad urbanística por prescripción, ha anunciado el vicepresidente Antoni Costa.

«No será una amnistía porque se tendrá que hacer proyecto, pagar impuesto de construcción y costes tributarios y ademas un pago extraordinario en forma de sanción, que no será estrictamente una sanción», ha explicado Costa en una rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta del borrador del decreto ley de Simplificación y Racionalización Administrativas que espera que el Govern apruebe en cuestión de semanas.

Ha detallado que para poder legalizar las construcciones «habrá exigencias medioambientales y de eficiencia energética» y ha precisado que hay construcciones cuya ilegalidad «no prescribe nunca», de manera que habrá edificaciones «que no se podrán acoger porque la administración no habrá perdido el derecho a restablecer la legalidad».

Con el decreto, el Govern suprimirá la Comisión Balear de Medio Ambiente y la mayoría de los informes que hasta ahora era prescriptivo solicitar a la Dirección de Recursos Hídricos, permitirá a los ayuntamientos externalizar la concesión de licencia urbanísticas de obra nueva por medio de la figura de las ECU, como en Madrid, y suprimirá las peticiones de cédula de habitabilidad a los consells limitándolas a las que se solicitan a los ayuntamientos.

Entre las principales medidas del borrador del decreto de simplificación figura también la creación de un registro y una «historia social y sanitaria única» que facilite el acceso a ayudas «con el cruce de datos» y que permitirá que las personas con un diagnostico de salud mental reciban tratamiento sin requerir antes un certificado de discapacidad.

EFE