La Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes incluso en casos prescritos según la justicia, según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Así, contempla la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial. Este es el caso de varias presuntas víctimas del sacerdote Juan Manuel de Souza Iglesias en Ibiza. Este sacerdote ha sido condenado por dos casos no prescritos pero hay otros, al menos tres, que fueron cometidos presuntamente en los años 90 y, por lo tanto, tenían el camino cortado en la vía judicial.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, han firmado este jueves el acuerdo que llega después de que la Iglesia aceptara la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales.
La Iglesia asumirá el coste de las indemnizaciones
Se trata de un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. En caso de disconformidad -indican desde Justicia- la decisión recaerá en el Estado y las reparaciones económicas a las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial serán a cargo de la Iglesia.
Este nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.
Esa propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo.
Por contra, si no hubiera conformidad, ya sea de la persona solicitante o de la CPRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.
Para el Gobierno, un acuerdo «histórico»
La Iglesia deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.
Desde la CEE, destacan que para la firma de este acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, tal y como solicitaba la Iglesia.
La Iglesia ha resuelto ya 24 casos de su plan de reparación a las víctimas de abusos sexuales
Además -indican- el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta.
Los obispos destacan que el sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes, y apuntan que es una vía «temporal» con una duración de un año (prorrogable un año) para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.
Para el departamento que preside Bolaños, se trata de un acuerdo «histórico» y recuerdan que después de más de 20 años sin cerrar un acuerdo con la Iglesia católica, con este ya son cuatro los que ha firmado el ministro con la Iglesia en las últimas dos legislaturas.
A partir del acuerdo histórico presentado hoy por el Gobierno, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo para la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, se abre una nueva vía de reparación para personas cuyos casos están prescritos y no pueden recurrir a la justicia ordinaria, como es el caso de varias presuntas víctimas del sacerdote Juan Manuel de Souza Iglesias en Ibiza.
Hay que recordar que el cura fue condenado en julio de este año por un tribunal de Ibiza que impuso una pena de tres años y tres meses de prisión al exsacerdote de la parroquia de San Pablo en el barrio de Ca n’Escandell, y que pasó por otras parroquias de la isla como la del Rosario, por dos delitos de abusos sexuales cometidos contra dos menores entre los años 2005 y 2010.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número uno de Ibiza detalla que los hechos ocurrieron en 2005 y entre 2009 y 2010, afectando a dos menores de 12 y 13 años, respectivamente, pertenecientes a la comunidad religiosa del Camino Neocatecumenal, conocida como Los Kikos.
El caso de Ibiza: abusos en los años 90 que no llegaron a juicio
El sacerdote Juan Manuel de Souza Iglesias, que ejerció en Ibiza durante décadas y fue apartado de sus funciones en 2021 tras la apertura de una investigación eclesiástica y judicial, ha acumulado varias denuncias por presuntos abusos sexuales a menores y adultos en diferentes parroquias de la isla.
Varios casos más antiguos quedaron archivados por prescripción. Entre estos, destacan dos testimonios que han sido ampliamente difundidos por Noudiari.es:
Sergio Lleó, que denunció públicamente que sufrió presuntos abusos en la parroquia del Rosario de Ibiza en 1996 cuando era menor. Debido al tiempo transcurrido, este caso fue archivado por haber prescrito aunque su testimonio fue clave para iniciar la investigación.
José Juan, otra presunta víctima cuyos hechos denunciados también se remontan a los años 90 y que se vio igualmente impedido de ver su caso elevado a la vía penal.
Hasta ahora, estos casos antiguos no podían llegar a juicio ni dar lugar a indemnización a través de los tribunales, debido a los plazos de prescripción aplicables al momento en que ocurrieron los hechos.
Gracias al nuevo acuerdo las víctimas como Sergio Lleó y José Juan podrán solicitar un procedimiento de reconocimiento y reparación aunque sus casos estén prescritos, sin necesidad de acceder a la vía judicial. Noudiari se ha puesto en contacto con ellos, que están analizando el acuerdo para hacer una valoración realista y adecuada de qué supone esto para sus casos.
Para víctimas como Sergio Lleó, que han visto cómo sus denuncias quedaron fuera de los tribunales por prescripción a pesar de haber contribuido a destapar un caso colectivo de abusos, este mecanismo ofrece ahora una oportunidad de reparación y reconocimiento que antes no existía.
Redacción /EFE
Lo histórico sería que esto no vaya a quedar en unos cuantos titulares de prensa.
Si han tratado como han tratado a los del Yak-42, Las Palmas o la Dana qué no harán con estas víctimas.
La mejor manera de resarcir a las víctimas es que la iglesia dé ejemplo de lo que predica y pida un sincero perdón y cumpla una severa penitencia, aunque sea auto impuesta.