La Guardia Civil de Sant Josep investiga ya la vertiente penal del brutal ataque de dos perros de raza rottweiler que el pasado sábado terminó con la vida de Likha, una bóxer de tres años, en un camino cercano al kilómetro 5 de la carretera que une Ibiza con Sant Josep.
El puesto de Sant Josep ha recibido la denuncia y ha abierto diligencias para esclarecer los hechos -que también dejaron herida a la propietaria del animal fallecido tras intentar separar a los perros- tal y como confirman fuentes del cuerpo a Noudiari.
Lo que debía haber sido un paseo tranquilo por el campo acabó en tragedia. Según el relato de la afectada, paseaba con su perra correctamente atada cuando aparecieron dos rottweiler —considerados perros potencialmente peligrosos (PPP)— que circulaban sueltos y sin bozal.
Ambos animales se abalanzaron sobre Likha y la atacaron hasta causarle la muerte. La dueña trató de defenderla lanzando piedras y propinando patadas, llegando incluso a interponer las manos, momento en el que también fue mordida y sufrió lesiones que precisaron asistencia médica.
La mujer sostiene que la persona que en ese momento estaba a cargo de los perros —no era el propietario, que se encontraba de viaje— presenció la escena sin intervenir de forma eficaz para frenar el ataque.
Investigación penal: posibles delitos
La Guardia Civil instruye ahora la parte penal del caso, por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave.
La dueña del animal atacado sufrió lesiones, por lo que la persona responsable de los dos rottweiler se enfrenta a un presunto delito de lesiones por imprudencia grave contemplado en el Código Penal. Sería si se demuestra falta de control relevante (perros sueltos, sin bozal, sin supervisión eficaz) y resultado lesivo que requirió tratamiento médico o quirúrgico. Todo ello puede conllevar multa (en imprudencia menos grave), prisión (si la imprudencia es grave y el resultado es relevante), e inhabilitación especial (posible prohibición de tenencia de animales si lo acuerda el juez).
La muerte del perro se podría tramitar como responsabilidad civil por daños y, por la documentación consultada, solo podría analizarse penalmente si existiera dolo o una imprudencia extremadamente grave y consciente. Si la persona presente tenía capacidad real de impedir el ataque y no actuó, podría valorarse bajo el art. 11 CP (posición de garante), pero su aplicación es restrictiva.
En lo que respecta a la responsabilidad administrativa, en manos municipales, las sanciones se ven más claras si, como en este caso, iban sin bozal y sin correa. La Policía Local comprobará a su vez todo lo relacionado con perros PPP: si tenían seguro, si estaban inscritos, si la persona tiene la licencia… (Ley 50/1999, Real Decreto 287/2002, Ley 7/2023)
Si la infracción se considera grave o muy grave, las multas que pueden superar los 2.400 € y alcanzar hasta 15.000 € o más, según encaje concreto. Además se contempla la retirada o suspensión de la licencia PPP y el decomiso de los animales, así como la prohibición temporal de tenencia de PPP
Si hay antecedentes de agresividad conocidos, como parece el caso, se puede agravar la calificación.
Además, la propietaria podría reclamar indemnización por el valor del animal fallecido, por los gastos veterinarios y médicos y, tal vez lo más importante, por el daño moral (cada vez más reconocido por los tribunales). Ella ha subrayado en este sentido que la perra «era un miembro más de la familia».
El seguro obligatorio del PPP suele cubrir parte de estas indemnizaciones.
Antecedentes en la zona
Vecinos de la zona han manifestado que los mismos perros ya habrían protagonizado episodios anteriores de agresividad. Otra residente asegura haber sido mordida en la rodilla por uno de los animales y también ha presentado denuncia.
De confirmarse la existencia de antecedentes, este elemento podría agravar tanto la calificación penal de la imprudencia como la eventual sanción administrativa.
Por el momento, el Ayuntamiento de Sant Josep no ha informado del estado de la tramitación de la denuncia administrativa recibida por la Policía Local, mientras la Guardia Civil continúa con la investigación penal para depurar posibles responsabilidades.
