El Ayuntamiento de Sant Antoni presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) que estima el recurso de FCC Aqualia y anula la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de agua potable y saneamiento del municipio a la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (FACSA).
La sentencia 650/2026, de 12 de noviembre, resuelve el recurso de apelación interpuesto por FCC Aqualia contra el acuerdo del Pleno municipal de 21 de noviembre de 2018, por el que se adjudicó el contrato a FACSA.
En 2023, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, mediante la sentencia 273/2023, había desestimado el recurso de Aqualia y confirmado la legalidad de la adjudicación.
Sin embargo, el TSJIB ha estimado ahora la apelación de Aqualia y ha revocado la resolución de primera instancia. El tribunal considera que los pliegos obligaban a los licitadores a incluir en el denominado «Año Base» (el primer año de la concesión) los costes del servicio previstos en el Anexo V. Según la sentencia, de las siete empresas que concurrieron al procedimiento, únicamente Aqualia cumplió este requisito.
Por este motivo, el tribunal anula el acuerdo de adjudicación y ordena retrotraer el procedimiento al momento de admisión de las ofertas, de manera que se excluyan todas las propuestas salvo la de Aqualia y se continúe la tramitación para adjudicarle el contrato.
La resolución también rechaza la adhesión a la apelación presentada por FACSA, que cuestionaba la legitimación de Aqualia para recurrir.
Ante este escenario, el Ayuntamiento ha anunciado que preparará e interpondrá un recurso de casación dentro del plazo legalmente establecido. «El objetivo es defender la validez del procedimiento de licitación, que ya había recibido el respaldo judicial en primera instancia», indican.
El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha señalado que el Consistorio ha recibido recientemente la resolución y que está analizando sus implicaciones jurídicas y económicas.
«Nuestra intención es recurrir esta sentencia y defender los intereses del Ayuntamiento. Estamos hablando de una concesión adjudicada en 2018 que ya acumula muchos años de gestión e inversiones para mejorar el servicio, por lo que un eventual cambio de empresa tendría consecuencias importantes para el Consistorio», ha explicado.
Serra ha añadido que la prioridad municipal es «buscar siempre el interés del Ayuntamiento y procurar que las consecuencias económicas y de cualquier otro tipo sean las mínimas posibles».
Mientras se resuelve el proceso judicial, el servicio de agua potable y saneamiento continuará prestándose con normalidad.






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