La villa de Can Burgos, en Sant Jordi (Sant Josep), conocida como Villa Secret Paradise y anunciada también como Bohemian Bali Style Villa, sigue en el mercado turístico. Lo hace pese a que el Consell Insular d’Eivissa le retiró el número ETV en julio de 2025 y pese a que acumula años de denuncias vecinales y expedientes de infracción abiertos.
Este septiembre se sumó a todo ello una sanción de 12.000 euros por ruido.
La multa la impuso la Policía Local de Sant Josep tras una fiesta que, según los vecinos denunciantes, se prolongó toda la noche. Los agentes acudieron al inmueble y, según consta en el boletín, nadie les atendió. Por eso la notificación quedó pegada en la puerta. El documento, fechado el pasado 18 de septiembre, cita la ordenanza municipal reguladora de ruidos y vibraciones. Recoge que la vivienda tenía ruido audible en el exterior que causaba molestias al vecindario y que procedía de equipos electromagnéticos (altavoces). La sanción es de 12.000 euros, el máximo previsto para este tipo de infracción. «La policía vino de inmediato, no les abrieron la puerta y les dejaron una notificación de multa», confirman desde el vecindario que sí valoran la rápida actuación policial, aunque no comprenden cómo no se ha precintado ya esta vivienda «cuando es público y notorio que están ejerciendo una actividad de alojamiento turístico ilegal».

Anunciada a plena vista
A 16 de noviembre, la ficha de la villa sigue activa en la web de una agencia con tarifas desde 550 euros por noche. La página ofrece semanas disponibles en noviembre y diciembre: 3.580,70 euros por la semana del 16 al 23 de noviembre y 4.256,60 euros por la del 14 al 21 de diciembre. Otra inmobiliaria también la tiene publicada como alquiler vacacional.
El anuncio incluso muestra un número de licencia que no figuraba en el registro de viviendas turísticas.
Esta información, perfectamente documentada, ya fue puesta de nuevo en conocimiento del Consell de Ibiza el pasado mes de agosto.
Un caso con recorrido
La villa operaba con una licencia para ocho plazas, pero se publicitó para 12 o 14 personas. El Consell retiró el número de registro al comprobar que la declaración responsable del titular contenía información falseada. El expediente sancionador que se abrió entonces estaba recurrido. El pasado junio, el Consell anunció que pediría la retirada de los anuncios en plataformas como VRBO y que abriría un segundo expediente, independiente del primero. Según el propio Consell, las sanciones de este tipo se sitúan de media en torno a los 275.000 euros.
Pero nada cambió este verano. Es más, vecinos denunciaron de nuevo el caso ante el Consell este pasado mes agosto aportando todo tipo de pruebas documentales de que la actividad continuaba y reclamando su precinto inmediato. En septiembre llegó la multa por ruido y, a día de hoy, sigue disponible para alquiler vacacional. Recuerdan los vecinos que llevan más de seis años soportando fiestas, ruido nocturno y un trasiego constante de huéspedes, y que nada ha cambiado.
La respuesta del Consell
Consultado por este caso, el Consell indica que el expediente sigue abierto y que, por ello, no puede ofrecer más detalles por el momento. Recuerda que su actuación es ágil cuando se localizan anuncios ilegales en las plataformas con las que tiene convenio de colaboración directa, como Airbnb, Booking o VRBO. Los vecinos denunciantes aseguran, por su parte, que al consultar al Consell sobre este mismo asunto les dijeron que «los expedientes estaban cerrados», siempre según su versión.
La institución insular defiende su plan de choque contra el intrusismo 2025-2027, dotado con más de 22 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible. Cerca de la mitad se destina a los ayuntamientos para reforzar las plantillas de Policía Local.
Para los vecinos, el resultado de todo esto es nulo, al menos en su caso, «porque una villa sin habilitación turística que sigue anunciándose, alquilándose, ingresando dinero y acumulando multas sin consecuencias visibles». «Solo queremos poder vivir en nuestras casas», repiten.
El vecindario subraya que este caso lanza un mensaje «muy negativo a la sociedad, porque se da la certeza de que una villa puede operar con total impunidad sin licencia».
«Se ha demostrado claramente, con pruebas y todo, que es ilegal pero seguimos igual y la propiedad sigue haciendo lo que le da la gana», lamentan. Y añaden que no solo se trata de molestar o no a un vecindario, sino que una vivienda sin licencia «está realizando una actividad económica sin tributar debidamente por ello, haciendo competencia a quienes sí trabajan en el marco de la legalidad» y suponen, incluso, que «pagando menos impuestos de los que les corresponderían, como la tasa de basuras».
«Esta gente, a la vista de todos, están haciendo lo que les da la gana», concluyen.





