El pleno del Consell Insular de Formentera ha rechazado este jueves, en sesión extraordinaria, una modificación de crédito de 2,4 millones de euros destinada a hacer frente a las posibles obligaciones económicas derivadas de las reclamaciones de PreZero, la empresa vinculada al servicio de recogida de residuos de la isla. Todos los grupos de la oposición han votado en contra de la propuesta.
La intención del gobierno insular era reservar dinero público para poder pagar, antes de final de año, las cantidades que eventualmente se reconozcan a la compañía. El presidente del Consell, Óscar Portas, ha explicado que la propuesta llegó al pleno después de recibir el informe vinculante del Consell Consultiu.
El conflicto tiene su origen en el contrato de recogida de basuras, adjudicado en 2007 y que venció el 25 de febrero de 2020. Para garantizar la continuidad del servicio, el Consell mantuvo la prestación con la empresa que ya lo gestionaba. La nueva licitación se publicó en noviembre de 2021 y el contrato se adjudicó el 28 de abril de 2023, formalizándose el 23 de junio de ese mismo año.
Entre las reclamaciones que se están estudiando figuran los costes adicionales de mantener el servicio con la maquinaria existente hasta la entrada en funcionamiento del nuevo contrato, el encarecimiento de los vehículos y de la maquinaria necesarios para prestar el servicio y los gastos de financiación asociados.
La valoración técnica provisional, comunicada el pasado 10 de noviembre, asciende a 2.353.649,36 euros. Los 2,4 millones de euros que se sometieron a votación eran el importe máximo que el Consell pretendía habilitar. La cantidad definitiva que, en su caso, deberá abonarse se determinará cuando se resuelvan los expedientes y podría ser inferior, pero nunca superior a esa cifra.
El gobierno insular proponía financiar íntegramente esta modificación con el remanente de tesorería procedente de la liquidación del presupuesto de 2025, sin reducir las partidas destinadas al funcionamiento habitual de los servicios públicos.
Con el rechazo de la oposición, el crédito previsto no queda habilitado. Sin embargo, las reclamaciones de PreZero continúan en tramitación y será la resolución de los expedientes la que determine qué cantidades, si corresponde, tendrá que asumir el Consell.
La vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha lamentado que la propuesta no haya salido adelante. «Habríamos querido salir de este pleno con los recursos previstos para poder abonar antes de final de año los importes que, en su caso, se reconozcan a PreZero. Ahora tendremos que valorar qué opciones tenemos para hacer frente a esta situación», ha señalado.
Después de la sesión extraordinaria se ha reunido la Junta de Portavoces, en la que se ha planteado aplazar hasta después de las elecciones el pleno ordinario de noviembre, previsto inicialmente para el día 27.
La propuesta pretende preservar el carácter institucional del debate plenario durante los últimos días de campaña electoral, dado que varios consellers forman parte de candidaturas al Senado y al Congreso. El aplazamiento también facilitaría los trabajos de preparación de la documentación electoral, especialmente los de Secretaría, en una convocatoria histórica en la que Formentera elegirá por primera vez a un senador propio.
Oportunismo político
Sa Unió ha acusado a los grupos de la oposición de actuar por «oportunismo político» al rechazar la modificación presupuestaria de 2,4 millones de euros para afrontar las posibles reclamaciones de PreZero, la empresa vinculada al servicio de recogida de residuos de Formentera. La formación considera que los partidos que gobernaban durante la legislatura 2019-2023, Gent per Formentera y PSOE, deberían asumir también la responsabilidad política por una situación que, según sostiene, se originó durante aquella etapa.
La formación lamenta que los mismos grupos que, a su juicio, dejaron sin resolver el problema durante su mandato hayan votado ahora contra una herramienta que permitiría al Consell disponer de los recursos necesarios para afrontar las cantidades que eventualmente se reconozcan a la empresa. Sa Unió sostiene que la propuesta se presentó después de recibir el informe vinculante del Consell Consultiu y que los consellers disponían de la documentación antes de la votación.
La formación también recuerda que el contrato de recogida de residuos venció en febrero de 2020, cuando gobernaban Gent per Formentera y PSOE, y que la nueva licitación no se publicó hasta noviembre de 2021. Para Sa Unió, parte de los costes que ahora reclama PreZero están relacionados con el mantenimiento del servicio durante ese periodo.
Además, reclama a los grupos que rechazaron la modificación que expliquen qué alternativa proponen, cómo piensan financiarla y en qué plazo podrían ponerla en marcha. La formación advierte de que el rechazo añade incertidumbre a la gestión de un servicio esencial y pide que se garantice la continuidad de la recogida de residuos para evitar que la ciudadanía pueda verse afectada por posibles movilizaciones o una eventual huelga.
Por último, Sa Unió ha criticado los insultos y las descalificaciones personales que, según denuncia, el conseller no adscrito Llorenç Córdoba dirigió a miembros del equipo de gobierno durante el pleno. La formación reclama que las discrepancias políticas se mantengan dentro de los límites del respeto institucional.
Informes
Por su parte, el PSIB-PSOE de Formentera ha justificado su voto en contra alegando que el equipo de gobierno pretendía aprobar la modificación presupuestaria sin disponer de los informes definitivos que permitieran conocer la cantidad exacta que podría tener que abonarse a PreZero. Los socialistas aseguran que están dispuestos a facilitar la modificación cuando exista una valoración técnica definitiva y esté debidamente justificado el importe.
«No se pueden comprometer fondos públicos sin una cuantificación definitiva ni pedir a la oposición que vote a ciegas», ha afirmado el PSOE. La formación considera que el procedimiento debería haber sido el contrario al planteado por Sa Unió: primero determinar el coste final mediante un informe técnico definitivo y, después, tramitar la modificación de crédito.
Los socialistas recuerdan que el dictamen del Consell Consultiu tiene fecha del 28 de octubre y sostienen que el gobierno insular ha tenido tiempo suficiente para completar el expediente. A su juicio, la convocatoria del pleno extraordinario respondió a las prisas del ejecutivo, que habría llevado a votación una propuesta sin toda la documentación necesaria.
El PSOE insiste en que no pretende bloquear ningún pago que esté acreditado y correctamente tramitado, pero rechaza aprobar una partida presupuestaria sin conocer con exactitud qué cantidad se quiere cubrir. «Cuando esté toda la documentación, estaremos dispuestos a hablar», señala la formación.
Los socialistas también han cuestionado la convocatoria del pleno extraordinario y la decisión del presidente, Óscar Portas, de trasladar el pleno ordinario de noviembre a diciembre. Consideran que no había motivos suficientes para alterar el calendario institucional por la proximidad de las elecciones.
En este sentido, denuncian que el cambio de fecha puede dejar sin debate iniciativas que habían presentado dentro del plazo establecido, entre ellas la reprobación de la consellera del Govern responsable de la gestión del quirófano de Formentera.
El PSOE reclama al presidente que respete la planificación de los plenos y el derecho de los grupos políticos a defender sus propuestas. «La institución no es patrimonio del presidente», sostiene la formación, que acusa al gobierno de haber perdido la votación por no completar a tiempo la documentación del expediente.






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