El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado contra la Ley 4/2025 del Parlament balear, conocida como la ley de “proyectos residenciales estratégicos”, que permite construir viviendas en suelo rústico sin servicios previos en municipios de más de 20.000 habitantes, así como aumentar la edificabilidad en zonas urbanas y urbanizables de más de 10.000 habitantes.
La iniciativa del recurso ha sido impulsada por diversas entidades ciudadanas y cuenta con el apoyo formal de más de cincuenta diputados y diputadas de los grupos Socialista, Sumar/Més y Mixto (Podem), además del trabajo de sus equipos jurídicos.
Así lo destaca hoy la organización ecologista Gen-Gob que recuerda que la norma permite que estos proyectos «modifiquen los planeamientos municipales vigentes, incrementen la densidad residencial prevista y cuenten con mayores coeficientes de edificabilidad,» lo que podría dejar de lado cuestiones esenciales «como la previsión de aparcamiento, el abastecimiento básico o los controles urbanísticos habituales». Además, las promociones que se amparen en esta ley se beneficiarían del llamado silencio administrativo positivo, lo que preocupa especialmente a las organizaciones ecologistas.
Los argumentos del recurso
El recurso de inconstitucionalidad, ya admitido a trámite, se fundamenta en cuatro grandes bloques:
Vulneración de la seguridad jurídica y de la jerarquía normativa, al introducir cambios abruptos en el planeamiento urbanístico mediante mecanismos excepcionales.
Afectación a la autonomía municipal e insular, al imponer decisiones estratégicas tomadas desde el nivel autonómico.
Incumplimiento de la legislación estatal básica en urbanismo, medio ambiente y protección del suelo rústico, con procedimientos acelerados que pueden eludir la participación pública y el control ambiental.
Reducción de la protección del suelo rústico y posible “amnistía encubierta” de actividades y construcciones que habrían sido declaradas ilegales en condiciones normales.
Un nuevo capítulo en la batalla por el suelo rústico
Esta admisión a trámite se suma al recurso ya en evaluación contra la Ley 7/2024, también recurrida por su impacto sobre el territorio. Según el GOB, el Parlament balear está generando una dinámica legislativa que apunta reiteradamente al suelo rústico, desplazando hacia el campo la presión urbanística.
Las entidades ecologistas denuncian que estas iniciativas suelen presentarse bajo argumentos como la simplificación administrativa o la ayuda al sector agrario, mientras esconden —según afirman— «mecanismos que facilitan la especulación o la regularización exprés de infracciones urbanísticas».
El GOB considera que esta nueva admisión a trámite supone “un paso más en la defensa del territorio y contra la especulación urbanística en las islas”.
Advertencia a los ayuntamientos
El movimiento ecologista lanza además una advertencia directa a los consistorios: si el Constitucional finalmente declara la ley inconstitucional, serán los ayuntamientos quienes deberán afrontar las consecuencias de las licencias concedidas, así como las presiones y reclamaciones de los promotores afectados.
El GOB ha agradecido públicamente el trabajo de todas las personas implicadas en la redacción del recurso y confía firmemente en que prospere.
