La comunidad de residentes de Paraguay en Ibiza está consternada por la muerte de un compatriota de 48 años, fallecido el pasado domingo 27 de septiembre a causa de las quemaduras que sufrió en el 90 % de su cuerpo en un incendio, presuntamente provocado, en el asentamiento ilegal de Casa Lola, donde vivía.
Fuentes cercanas al fallecido aseguran a este medio que no tienen ninguna duda de que se trata de un asesinato planificado. Según su versión, los hechos comenzaron la tarde anterior, en la zona de bares de la avenida Isidor Macabich, por los pasajes. El hombre fallecido habría mantenido algún tipo de relación con una mujer y otro hombre, presuntamente su pareja, lo amenazó de muerte. Siempre según las mismas fuentes, esa madrugada el agresor habría cumplido su amenaza prendiendo fuego a la infravivienda.
La Guardia Civil no descarta la vía criminal
La Guardia Civil informó ayer de que no descarta la vía criminal, ante los indicios de que el fuego pudo ser intencionado. La Benemérita confirmó a Noudiari que mantiene abiertas todas las hipótesis y que la investigación sobre las causas del incendio sigue en marcha. Por el momento no facilitan más información al respecto, mientras siguen las pesquisas.
Cronología de los hechos
A las 7.10 horas, el Centro de Coordinación del SAMU061 recibió el aviso para atender en es Cubells a un hombre con quemaduras en el 90 % del cuerpo. Dada la gravedad de su estado, los efectivos alertaron al Hospital Can Misses, que activó el Código Trauma Grave. El paciente ingresó en la UCI como gran quemado y falleció sobre las cinco de la tarde del mismo domingo, al no poder superar la gravedad de las lesiones.
Un conflicto urbanístico abierto
El fallecido vivía en una chabola de Casa Lola, la vivienda de la empresaria Francisca Ordóñez, conocida como Paquita Marsan, quien mantiene un conflicto urbanístico con el Ayuntamiento de Sant Josep por esta propiedad, situada en el Camí des Jondals, en es Cubells.
Los bomberos aún desconocen el origen del fuego. Según el Ayuntamiento, en la finca podría haber hasta 200 personas, ninguna de ellas, de momento, en situación de vulnerabilidad. El consistorio ha incrementado la vigilancia en la zona, aunque es lo único que puede hacer por ahora, ya que los propietarios no le permiten acceder. Por ello, ha solicitado una orden judicial para entrar en la propiedad.
La finca, además, está llena de basura, con un alto riesgo de incendio y niveles peligrosos de insalubridad.
