@Noudiari / Durante este mes de noviembre se va a tramitar en el Senado la proposición de ley de reforma de la LOPJ aprobada ya en el Congreso de los Diputados que contiene «los más graves ataques a todo el personal de la Administración de Justicia que se han producido en la historia», protestan desde CSIF, STAJ, CCOO y UGT por lo que hoy han convocado una nueva concentración a las 11 horas ante el Edificio de los Juzgados de Isidoro Macabich coincidiendo con la protesta de los funcionarios de prisiones. Igualmente, se unen a la convocatoria de Huelga de Justicia fijada para el 16 de noviembre en todas las Administraciones de Justicia de España.
Según los sindicatos de los trabajadores de la Administración de Justicia, esta reforma «es una agresión sin precedentes» y recoge las siguientes modificaciones: Se unifican en uno solo los centros de destino de cada municipio, y se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente (art. 521). Se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo (art. 347 bis). En caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria sólo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal interino (Art. 489). El personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de 6 meses (art. 489).
En la práctica, «la administración podrá determinar a su antojo cuál será, dentro del municipio, nuestro puesto de trabajo en cada momento, al tiempo que se reducirá drásticamente el nombramiento de personal interino, dejando puestos sin cubrir y sobrecargando de trabajo al resto, y generando, además, incertidumbre en la percepción de retribuciones complementarias y en la asignación de funciones y tareas», explican.
Es por esto que se convocan movilizaciones como apoyo a la presión que los sindicatos están ejerciendo ante el Ministerio de Justicia y ante los partidos políticos que han suscrito esta reforma para que detengan «este ataque a nuestras condiciones de trabajo y al servicio público de la Administración de Justicia».
