El portal de reservas turísticas Booking.com ha eliminado la totalidad de los 35 anuncios de alquiler turístico ilegal en Ibiza que estaban en su sitio web y que fueron detectados por el Departamento de Ordenación Turística del Consell de Ibiza en un primer listado que se envió a los responsables de esta plataforma de reservas.
Además, Booking también ha retirado a instancias del Conselll los anuncios del conocido como ‘albergue de Jesús‘ y de las casitas de madera dentro del Parque Natural de ses Salines que se alquilaban turísticamente de manera ilegal y que tienen incluso una orden de demolición y multa de 270.000 euros.
Con esta retirada, Booking «cumple con el acuerdo suscrito con el Consell de Ibiza que permite a los inspectores de la institución insular notificar a la plataforma los anuncios de alquiler turístico ilegal en la isla que se encuentran en su web para que sean retirados», destaca la institución en un comunicado.
En poco más de un mes y medio, Booking ha eliminado los 35 anuncios de comercializadores que incumplen la normativa, lo que supone el 100% del total (35) de los anuncios que el Consell ha identificado en un primer listado como susceptibles de ser eliminados.
El conseller del Departamento de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha agradecido a Booking.com «su demostrada colaboración y voluntad de trabajo para ayudar en la lucha contra el alquiler turístico ilegal en nuestra isla» y ha valorado el trabajo que se hace desde todos los departamentos implicados «que no descansan para, con las herramientas que tenemos, poner coto a los infractores», asegurando que es un trabajo constante, «que estamos haciendo desde hace cinco años y que de manera perseverante está dando sus frutos».
La mayoría de los anuncios retirados pertenecían al alquiler de viviendas en plurifamiliares, por lo que se notifica a la plataforma que de acuerdo con la Disposición Transitoria quinta de la Ley 6/2017, que modifica la Ley 8/2012, y la situación jurídica insular de Ibiza, no se permite la comercialización de estancias turísticas en edificios plurifamiliares. Otros anuncios corresponden a residencias que no cuentan con la Declaración Responsable del Inicio de la Actividad Turística, y sin estar inscritos en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, considerada una falta grave de acuerdo con el artículo 119, sección 9 de la Ley 8/2012 de la Ley Turística Balear.
Uno de los anuncios que ya no está operativo y no se pueden hacer reservas es el de ‘Piratas des Vedra’, un comercializador que anunciaba un supuesto «alojamiento» en una zona boscosa cerca del mirador de es Vedrà, zona ANEI, donde hacían fuego para hacer el almuerzo y solo contaba con tiendas de campaña.
Juan ha avanzado que ya son cerca de 500 los anuncios retirados de redes sociales y también gracias al protocolo con Airbnb, por requerimientos del Consell a los anunciantes o a los responsables de las plataformas donde se anunciaban, y que los técnicos del departamento siguen trabajando para elaborar nuevos listados de alquileres turísticos que puedan ser ilegales.
Aún así, Juan recuerda que «queda mucho por hacer» y que «es necesario que el Estado aplique las nuevas directivas europeas para proteger a los consumidores dentro del entorno digital, con garantías de seguridad y fiabilidad», explicando que la nueva directiva europea dicta que si los proveedores de determinados servicios en línea detectan que se está haciendo difusión o comercialización de productos o servicios ilegales, estos proveedores están obligados por el reglamento a tomar acciones que van desde informar a las autoridades competentes sobre la actividad o producto ilegal, hasta el cierre del servicio o de la comercialización del producto. «Una cuestión que desde el Consell de Ibiza se quiere tratar con el Ministerio desde hace meses pero aún no hemos obtenido respuesta», ha lamentado Juan.
El conseller también ha señalado que es necesario trabajar en una nueva normativa para que también se puedan pedir responsabilidades legales a las mismas plataformas dado que las sentencias actuales amparan a estas plataformas, como demuestra el hecho de que la justicia diera la razón (Sentencia TSJB de mayo de 2020) a Airbnb en el recurso interpuesto contra el Govern balear por una sanción de 300.000 euros impuesta en 2018.
