La asociación balear de consumidores Consubal ha denunciado este miércoles que ha detectado un incremento de los abusos e irregularidades en los contratos de alquiler de viviendas en los últimos meses. Según el presidente de la entidad, Alfonso Rodríguez, ha aumentado «de manera alarmante» el número de consultas relacionadas con problemas derivados de los arrendamientos, informa en un comunicado.
La organización ha tenido conocimiento de que hay propietarios que exigen, además de dos meses de fianza y el mes de alquiler para formalizar el contrato, un pago correspondiente a un mes de alquiler en concepto de «gastos de agencia», a pesar de que no intervenga ninguna inmobiliaria de forma directa en la operación.
La asociación ha detectado además la inclusión de «cláusulas abusivas que rozan la ilegalidad» como que el inquilino tenga que asumir gastos que no lo corresponden o impedir la domiciliación de los suministros (de electricidad o agua), cobrando el propietario dichos servicios sin justificar la veracidad de los importes.
En otras ocasiones, se obliga a los arrendatarios a asumir el mantenimiento de la vivienda, sus servicios, instalaciones y enseres como termos y otros electrodomésticos, a pesar de sean muy antiguos o estén en mal estado.
Otro de los abusos que se están detectando se basa en el cobro de una cantidad fija para gastos comunitarios sin que se demuestre la veracidad de los importes o que el inquilino deba asumir gastos extraordinarios que no les corresponden.
También denuncian la exigencia de «condiciones imposibles para la mayoría de los arrendatarios», como tener un contrato fijo, nóminas superiores a los 1.500 euros mensuales o prohibir cualquier tipo de mascota.
Consubal atribuye el endurecimiento de las condiciones para alquilar a la escasez de viviendas en alquiler y recuerda que es necesario defender los derechos de los inquilinos ante estos abusos.
El presidente de la entidad critica la escasez de medidas, por parte de las administraciones, para paliar el grave problema de la vivienda en Baleares y la falta de oferta pública de alquiler, lo que conlleva «una nula incidencia en la regulación de los precios, ya que en los últimos años se han construido menos de 500 viviendas en una comunidad que necesita en torno a las 10.000 para nivelar la demanda».
EFE
