Detenido un abogado residente en Ibiza por una estafa inmobiliaria a víctimas vulnerables

Los Mossos d’Esquadra han desarticulado una red que estafaba a víctimas vulnerables, con deudas y sin conocimientos financieros, apropiándose de sus inmuebles, en una operación con nueve detenidos, entre ellos el líder del grupo, un abogado residente en Ibiza que ya fue condenado en 2023 por tráfico de drogas y que tiene pendiente un juicio por un caso parecido. Ejercía de cabecilla de la banda y frecuentaba el campo de golf de Roca Llisa, en el municipio ibicenco de Santa Eulària.

El jefe de la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Premià de Mar (Barcelona), el inspector Miquel Angel González, y el responsable de la investigación, Carlos Lamiel, han detallado en rueda de prensa que la organización estafó al menos a 18 víctimas con inmuebles afectados en Barcelona, Badalona (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Madrid y Ciudad Real.

Pese a que los Mossos no han detallado la identidad del líder de la red, fuentes cercanas al caso han desvelado que se trata del abogado Francisco C., que en 2023 fue condenado por la Audiencia de Barcelona a siete años de cárcel por tráfico de drogas.

Además, tiene pendiente un juicio en el que la Fiscalía le pide 20 años y 9 meses de cárcel acusado de estafar entre 2009 y 2015 a decenas de ancianos para apropiarse de sus viviendas, engañándoles con productos financieros como hipotecas inversas.

Francisco C., que actualmente residía en Ibiza, fue arrestado por la Policía Nacional -en colaboración con los Mossos-, cuando participaba en un torneo de golf en Palma de Mallorca.

Según los Mossos, el líder del grupo es una persona «narcisista, muy inteligente», y con una gran capacidad para engañar a las víctimas, muchas de las cuales no denunciaron porque no eran conscientes de que habían sido estafadas.

La red ahora desarticulada tenía su epicentro en un despacho de abogados de Barcelona, que ostentaba mucha riqueza para parecer creíble y que buscaba a víctimas de un mismo perfil: personas vulnerables, muchas de ellas ancianas, sin educación financiera y que necesitaban dinero con urgencia por su apurada situación económica o que querían vender su piso, en muchos casos heredado con deudas.

Una vez detecta la víctima con el método de la «puerta fría» (buscando presencialmente piso a piso), o en subastas, entre otras vías, la banda les hacía firmar un contrato privado en el que, sin saberlo, le daba un poder notarial sobre su vivienda.

Una vez firmados los poderes -con la colaboración de un notario también investigado-, los estafadores se apropiaban del inmueble a través de testaferros y luego lo sacaban al mercado: en uno de los pisos, por ejemplo, la víctima cobró unos 50.000 euros y la banda lo vendió por medio millón.

De hecho, la mayoría de las víctimas no eran conscientes de que les habían estafado, ya que no solo no denunciaron sino que estaban agradecidas a los detenidos, que en alguna ocasión les regalaban jamones para que estuviesen contentos con ellos.

En algunos casos, las víctimas fueron echadas de sus pisos por la red y tampoco lo denunciaron.

La situación económica de las víctimas era tan desesperada y estaban tan agradecidas a sus estafadores que incluso algunas de ellas aceptaron actuar como testaferros a cambio de una pequeña cantidad de dinero.

Según los Mossos, los ahora detenidos crearon empresas para desviar el dinero obtenido con sus estafas, en las que movieron entre uno y tres millones de euros al año.

Además, también solicitaron créditos a entidades bancarias, que nunca devolvieron, y por los que, según la Agencia Tributaria, su deuda sube a casi un millón de euros.

Las detenciones de los sospechosos se llevaron a cabo el pasado 25 de noviembre, en un dispositivo con varios registros en que se hallaron numerosos indicios que apuntan a que la cifra de víctimas podría ser todavía mayor que las 18 ya conocidas.

EFE