La Policía Local inspeccionó la pasada noche dos establecimientos de la zona de ocio del casco urbano de Sant Antoni.
Un total de diez agentes de la Policía Local uniformados, además de dos no uniformados, dos componentes caninos y un inspector del Ayuntamiento de Sant Antoni, así como dos agentes de la Guardia Civil, participaron en el dispositivo que arrojó tres detenidos por tráfico de drogas y ocho denuncias por incumplimiento de la Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana por tenencia de sustancias estupefacientes.
Uno de los detenidos es un trabajador de seguridad de uno de los locales, el cual llevaba una bolsa con grandes cantidades de dosis de diferentes sustancias, además de dinero.
«Cuando los agentes entraron en el establecimiento, esta persona, que contaba con antecedentes, intentó esconder la bolsa que contenía la droga, siendo detectado por los actuantes y procediendo a su detención», explican en un comunicado.
Los otros dos detenidos eran clientes de este mismo local, a uno de los cuales se le intervinieron 24 bolsas de diferentes tipos de drogas, y a otro se le vio desprenderse de una bolsa con pastillas y otras sustancias estupefacientes.
A la espera de los resultados de laboratorio, el local podría enfrentarse a una sanción de entre 601 y 30.000 euros, así como a una sanción accesoria de suspensión temporal de licencia o clausura del establecimiento.
Contaminación acústica
Por otra parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni explica que ha iniciado expediente sancionador al otro local inspeccionado «al quedar acreditada la manipulación del limitador, incumpliendo lo establecido en el artículo 44.2 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Ruido y las Vibraciones».
«No se podría asegurar el cumplimiento de los límites de transmisión sonora ni en el exterior ni en el interior del local», indican.
Según la Ley 1/2007, contra la contaminación acústica de las Illes Balears, supone una infracción grave «al existir un incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminación acústica».
A la espera de la resolución del expediente, la sanción por infracción grave «conlleva una multa económica que podría ser de hasta 12.000 euros o la suspensión de las instalaciones por un periodo máximo de dos años».
Como medida cautelar, se propondrá el precinto de la actividad musical hasta que se subsanen las deficiencias detectadas.
Estas actuaciones «están enmarcadas dentro del Plan de Seguridad Verano 2022, que tiene programados la planificación y coordinación de diferentes operativos policiales durante la temporada estival con el objetivo de incrementar la seguridad del municipio», aseguran.
