Por D.V: A un aparejador municipal uno se lo imagina en un despacho o a pie de obra, rodeado de planos y armado con escuadra y cartabón. No obstante, al aparejador de Sant Antoni de Portmany, Miguel Ángel Martí, por donde se le ve entrar y salir a menudo es por los juzgados de Eivissa, un lugar que conoce perfectamente ya que lo ha tenido que visitar a causa de los embrollos judiciales en los que se ha visto involucrado.
Esta semana se ha conocido que la Fiscalía pide para el aparejador dos años de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Según el fiscal, Miguel Ángel Martí actuó “con el más absoluto desprecio a la normativa aplicable” cuando en 2008 informó favorablemente sobre unas obras proyectadas en una vivienda situada en un suelo rústico no urbanizable, en un terreno calificado como “área rural de interés paisajístico”. La fiscalía asegura que el aparejador aprobó la obra a sabiendas que no era legal y que no se correspondía en absoluto con el proyecto inicial y ni tan sólo contaba con el informe previo de la Comisión Insular de Urbanismo del Consell d’Eivissa. Sin embargo, en este caso -como en todos- es el juez quien tiene la última palabra.
El hombre que dio luz verde a la mansión de Cretu
Dicen los filósofos relativistas que no hay ningún punto de vista que tenga verdad ni validez universal, sino sólo una validez subjetiva y relativa. Esta teoría puede ser una mera conjetura intelectual o también puede explicar actos, en principio, inexplicables. Por ejemplo: que se conceda una licencia para construir en una superficie de 900 metros cuadrados y un volumen de 1.495 metros cúbicos, se construya finalmente sobre 3.115 metros cuadrados y en una superficie de 6.892 metros cúbicos -es decir, cuatro veces más- y el supervisor diga “todo correcto”. Relativismo en estado puro.
La casa de Cretu es otro de los casos en los que se ha visto implicado el aparejador de Sant Antoni. En este caso, la fiscalía acusa a Miguel Ángel Martí de un delito de falsedad por ser el autor del informe que avaló el final de la obra a sabiendas que infringía la legalidad, por lo que le piden tres años de prisión, multa de 21.000 euros y una inhabilitación para cualquier empleo o cargo público. Martí es conjuntamente con el exalcalde de Sant Antoni, Antoni Marí ‘Botja’, el hombre clave en el caso Cretu, al ser el técnico que dio el visto bueno a todo y que declaró legal lo que allí se construyó.
Nuevamente es el juez quien tiene la última palabra, en el caso en que se decida a decir algo, ya que la tramitación judicial es un auténtico misterio. Que se sepa, la última noticia que existe data de febrero de 2012, cuando la Audiencia Provincial desestimó un recurso de los cinco acusados. De este entonces, silencio administrativo. No sólo no se ha realizado el juicio sino que ni siquiera se ha señalado una fecha para el inicio de la vista, como si el expediente Cretu hubiera sido absorbido por los procelosos y kafkianos pasillos de la maquinaria judicial.
Un personaje influyente
Miguel Ángel Martí entró en el ayuntamiento del exalcalde Antoni Marí Tur ‘Botja’ y, hasta que no se creó la figura del arquitecto municipal, ha gozado de un enorme poder en el pueblo y ha generado un sinfín de rumorología. Lo que no es rumor sino un estruendo son las mascletás y las despertás con las que cada año ha regalado los oídos de sus convecinos, ya que Martí ha compaginado su cargo de aparejador municipal con el de presidente de la Asociación Cultural Valenciana de Sant Antoni.
A pesar de que haya perdido poder y de que esté subordinado a la arquitecto municipal, Martí no ha perdido la capacidad de ser noticia y su última aparición ha sido gracias al ‘caso Cabezas’ y la licencia-exprés que se le concedió al exconcejal popular Vicente Cabezas, en el que se le permitía añadir 60 metros cuadrados a una planta baja y añadir un piso sobre el local existente. ¿Quien autorizó esa obra? Pues Martí, aprovechando que la arquitecto se había ido de vacaciones. A eso se le llama estar al quite.
Esta semana, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha asegurado que no actuará contra el polémico aparejador hasta no se produzca una sentencia contra él. Conociendo la proverbial celeridad de la justicia española, podemos adivinar que es muy posible que Martí se jubile plácidamente mucho antes de que se dicte sentencia alguna.
