EFE / El Consell de Ibiza destinará 1,5 millones de euros a la construcción de un centro de baja exigencia provisional con capacidad para 56 usuarios, que podría entrar en funcionamiento antes de final de año.
El presidente Vicent Marí ha dado cuenta de este proyecto en el Consell de Alcaldes que se ha celebrado este martes de forma telemática, y que ha sido “monográfico” sobre la crisis sanitaria del Covid-19, y sus consecuencias sociales y económicas, según ha asegurado en la comparecencia posterior a la reunión.
Marí ha explicado que el centro de baja exigencia provisional se financiará mediante el plan de impulso económico y social que ha puesto en marcha la institución con el 20% del superávit que destinará a la atención social, y que asciende a un total de 4 millones de euros.
Este proyecto dará respuesta “a una situación asistencial que tenemos en este momento y que seguirá existiendo cuando se levante el estado de alarma”, ha añadido Marí.
Con motivo del estado de alarma, el Consell ha habilitado un albergue provisional en el polideportivo de sa Blanca Dona, que en la actualidad alberga a 53 personas. Una vez que se vuelva a la normalidad, «no podemos dejar a la gente otra vez en la calle», ha señalado Marí. Por ello, con el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza, la institución ha ideado la construcción de la nueva infraestructura, que se denominará centro provisional de sa Joveria, y que dará servicio hasta que construya el centro definitivo previsto en es Gorg.
Será una construcción modular, ubicada en un terreno del Consell de Ibiza junto al recinto ferial, con una superficie de 661 metros cuadrados cubiertos, 260 metros de terraza y anexos exteriores de 32 metros. El proyecto también contará con una partida inicial de 200.000 euros para el personal y asistencia de este espacio.
Plan de impulso social y económico
Por otra parte, Marí ha detallado el resto de partidas del plan de impulso social y económico, que destinará 1 millón a un plan de ayudas a familias y entidades son ánimo de lucro; 450.000 euros a mejoras de la residencia de Cas Serres; 50.000 euros para la Oficina de la Dona; 50.000 euros para el centro de conductas adictivas; 48.000 euros para ayuda y asesoramiento en vivienda, y 50.000 euros para la mejora del servicio de discapacidad.
Además, se destinarán 500.000 euros para plan de prestaciones básicas de los ayuntamientos.
Por último, Marí ha indicado que en el Consell de Alcaldes se ha acordado pedir al Gobierno que permita la utilización de todo el remanente, que en el caso del Consell asciende a 60 millones de euros, y que organismos como Demarcación de Costas posterguen o anulen las tasas de las concesiones de playas.
