@Noudiari/El GEN-GOB ha denunciado hoy que la disposición transitoria a la Ley de Urbanismo que permite convertir en urbanos los terrenos del Grupo Empresas Matutes en Platja d’en Bossa «no sólo legaliza y ampara, con premio y sin ninguna sanción, las gravísimas ilegalidades cometidas en primera línea de costa en la isla de Ibiza, sino que probablemente persigue cubrir las espaldas del alcalde que la ha propuesto en el Parlament, Josep Marí Ribas ‘Agustinet’ y, probablemente, de su predecesora, Neus Marí».
Para los ecologistas, la «descaradamente admitida ley a medida de la familia Matutes aprobada por el Parlament balear», que han denominado «Ley Matutes», puede perseguir también «cubrir las espaldas del alcalde por haber otorgado un número indeterminado de licencias ilegales de obra mayor en el interior de estos terrenos los últimos años».
«Emplear el Parlament para tapar estos casos, que presuntamente podrían tener relevancia penal por los responsables es un escándalo mayúsculo», señalan los ecologistas.
El GEN-GOB asegura que ha pedido reiteradamente en el ayuntamiento, en los últimos años, información sobre las licencias otorgadas en el interior de estos suelos, sin haber recibido ninguna respuesta al respecto, a pesar de estar obligado el Ayuntamiento puesto que la ley reconoce la acción pública en materia urbanística.
Posible querella criminal
«Resulta evidente que se han llevado a cabo importantes obras a los complejas turísticos de Sal Rossa y Platja d’en Bossa. Si tienen licencia, es ilegal, si no tienen, el ayuntamiento no ha perseguido las nuevas infracciones», critican los ecologistas.
Asimismo, el GEN también señala que se ha autorizado «una nueva discoteca en el espacio que ocupó en su momento la antigua Space». «No se trata de un uso continuado con una licencia de apertura existente, puesto que no habría ninguna cesión de explotación, sino de una nueva licencia, el otorgamiento de la cual está expresamente prohibido al Plan Territorial Insular de Ibiza, al tratarse de suelo rústico. Este complejo de ocio, además, habría sido objeto, también, de otorgamiento de licencias de obra mayor presuntamente ilegales», denuncian.
Los ecologistas dicen que existe la posibilidad que esta institución haya recibido notificación de «la interposición de algún recurso contencioso o incluso de alguna querella criminal, cosa que habría hecho precipitar una fórmula de legalización de las infracciones cometidas, tanto por parte de los promotores como por parte del propio ayuntamiento». «No las de hace 30 años, sino las que se han cometido continuadamente hasta 2017», añaden.
Piden la dimisión de Agustinet
«Podría ser, a pesar de que es improbable, que algunos del diputados que votaron a favor de esta vergonzosa, inmoral e inconstitucional disposición, no sean conscientes del alcance que tiene ni de las consecuencias que tendrá sobre el territorio de la isla de Ibiza. Tampoco es probable que estén todos informados de que las ilegalidades que amparan no fueran cometidos hace 30 años, sino que se han seguido perpetrando hasta día de hoy. Lo sabe ¿Francina Armengol?, Agustinet se esconde, los diputados ibicencos del PSOE que han votado esta infame disposición, Pilar Costa, Enric Casanova, XicoTarrés, Silvia Limones, callan», denuncian los ecologistas.
El GEN-GOB considera que la presidenta de la Comunitat Autónoma y máxima responsable del Govern, Francina Armengol, no sólo tiene que derogar de forma fulminante la disposición transitoria 14 de la Ley de Urbanismo, «si no que tiene que instar a Josep Marí Ribas, alcalde de Sant Josep, a dimitir inmediatamente de su cargo y abrir una investigación sobre los hechos para depurar responsabilidades».
«Un gobierno tiene que estar para defender el interés general y esto es del todo incompatible con la aprobación de normativas ad hoc para amparar la especulación y la corrupción», concluyen los ecologistas.
