EFE / El Consell de Govern ha aprobado este lunes el Plan General de Puertos de las Islas Baleares, que no prevé ni nuevas infraestructuras ni la ampliación de las existentes, ha subrayado en rueda de prensa el conseller de Movilidad y Vivienda del Govern, Josep Marí.
En total, el plan prevé una inversión global de más de 60 millones de euros, de los cuales cerca de 43 corresponden a la inversión pública.
Este plan es el instrumento de planificación de los puertos de Baleares durante los próximos 15 años y fija las fórmulas para favorecer el acceso de la ciudadanía al mar y al mundo náutico de una forma «eficaz y sostenible», sin la construcción de nuevos puertos ni nuevas ampliaciones, ha insistido el conseller.
El plan cuenta con un amplio consenso del sector y las administraciones implicadas y marca los hitos que se pretenden conseguir en la gestión y la reordenación de los puertos del archipiélago.
A día de hoy, la empresa pública Ports Ib gestiona 47 puertos, 13 campos de fondeo de bajo impacto y 13 instalaciones de rampas, así como unos 14.500 puntos de amarraje.
El conseller ha explicado que el nuevo plan tiene como objetivos el mantenimiento de la gestión pública como garantía de acceso de los ciudadanos a los espacios náuticos, la optimización de las infraestructuras y la potenciación de nuevos servicios y nuevas fórmulas para disfrutar del mundo náutico.
También se busca la integración de cada puerto en el casco urbano, de forma que no sean espacios aislados, y la planificación de las actuaciones necesarias para disponer de unas instalaciones preparadas para afrontar los efectos del cambio climático.
El plan «da respuesta» a una petición cada vez mayor de acceso a la navegación, de gestión eficaz de los espacios portuarios y de lograr nuevas fórmulas como, por ejemplo, que un mismo amarre pueda ser usado por más personas.
«El reto ha sido encontrar nuevos caminos que permitan democratizar el acceso en el mar y aumentar la eficiencia de las infraestructuras actuales, con la intención de colaborar en la creación de una náutica más sostenible y colaborativa», ha declarado el conseller.
También propone soluciones concretas de bajo impacto a los problemas que afecten al sector como, por ejemplo, el estudio y la reordenación de los amarres de los puertos ya construidos para optimizar, adaptar y mejorar la oferta; la creación de campos de fondeo temporales con boyas de bajo impacto; o la previsión de una red de marinas secas adecuadas e integradas al entorno, principalmente en áreas interiores o próximas a los puertos existentes.
Además, se pretende mejorar y ampliar la red de rampas existentes y mejorar la gestión o el fomento de los clubes de navegación.
Con este plan, el Govern «apuesta por una nueva cultura de gestión de los amarres, sobre todo de los directos, para incentivar el uso compartido de un mismo punto de amarre», así como la mejora del índice de actividad de las embarcaciones, potenciando el uso compartido a través de figuras como la multipropiedad o los clubes de navegación.
El plan contempla actuaciones en los puertos de competencia autonómica (un total de 59 entre los de gestión directa e indirecta) con una visión global del sector náutico que dé repuesta a las demandas del sector.
En cualquier caso, este plan no define «al por menor» las actuaciones previstas, sino que hace una previsión de los proyectos que pueden ser necesarios o interesantes para poder gestionar los puertos autonómicos de forma coherente con la filosofía del documento.
Su redacción no elimina, en ningún caso, la necesidad de tramitar individualmente cada uno de los proyectos que finalmente se realicen.
Por tanto, Ports de les Illes Balears analizará las características y circunstancias de cada actuación, los criterios sociales, ambientales y económicos que influyen en cada proyecto, así como las aportaciones específicas de los organismos que se tengan que consultar y de los agentes sociales.
La aprobación de este plan es un «hito de vital importancia» para el cumplimiento a las exigencias de la normativa vigente.
El propósito último es procurar la «democratización» del acceso a la náutica con la limitación de las actuaciones que se pueden llevar a cabo, todo ello bajo criterios de sostenibilidad ambiental y social, ha señalado Marí.
