El Parlament balear ha dado el visto bueno este martes con los votos del PP y Vox al decreto ley del Govern, que se tramitará ahora como proyecto de ley, y que pretende dar soluciones al problema de la falta de vivienda en Baleares y su compra o alquiler a un precio asequible.
Este decreto destaca la figura de los proyectos residenciales estratégicos (PRE) para construir 20.000 viviendas en Palma y en los municipios de Baleares de más de 10.000 habitantes, y fija medidas para combatir la okupación.
Con ocasión del debate de ratificación del decreto en el pleno del Parlament, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha dicho que el acceso a la vivienda es la mayor preocupación social y demanda en la comunidad, lo que representa un «auténtico desafío» que requiere «no mirar para otro lado».
El propósito del Govern es afrontar este «problema y este drama: más vivienda asequible en nuestras islas para los residentes», ha reivindicado el conseller.
Mateo ha pedido a todos los grupos seriedad y «evitar el oportunismo» a la hora de formular sus propuestas para mejorar el decreto y ha subrayado que la figura de los PRE «se inspira» en la política socialista de Francesc Antich y la ‘ley Carbonero’ de 2008.
El titular autonómico de Vivienda ha agradecido desde la tribuna de oradores a Vox porque, sin su apoyo, no podría tramitarse este decreto y ha dicho que «las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias».
Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha manifestado que Baleares sufre una de las crisis habitacionales más acuciantes de España y que sus responsables son la expresidenta balear Francina Armengol y las políticas socialistas de los últimos ocho años, con una «obsesión enfermiza por castigar la propiedad privada, a los empresarios y a los emprendedores».
Cañadas ha rechazado el principio de la «izquierda» de que «el mercado debe ser controlado» y ha añadido que el resultado de ello es que, hoy en día, en Baleares hay miles de familias que no encuentran donde vivir.»No se puede combatir una emergencia habitacional con ideología», ha añadido.
La futura ley incluye por iniciativa de Vox que los municipios con más de 20.000 residentes puedan crear áreas de transición, lo que permitiría convertir en urbanizable suelo rústico anexo a las zonas urbanas.
En su turno de palabra, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha dicho que el Govern «no es capaz ni de defender» sus propias iniciativas y le ha echado en cara que «no es de recibo» que se escude en la gestión del expresidente Antich, que sostenía: «La izquierda desclasifica lo que el PP recalifica» en favor del sector privado.
Las nuevas viviendas que promoverá el PP costarán como mínimo 330.000 euros, ha concretado Negueruela, que se ha preguntado cómo podrá adquirir una casa una camarera de piso, por ejemplo, que cobra 1.600 euros al mes.
Negueruela ha advertido que este decreto beneficia principalmente a los promotores con una plusvalía de la vivienda en Palma en solo dos años, de 2023 a 2025, por encima de los 600 millones de euros. «Han alterado el precio un 30 %, nadie lo niega», ha apostillado.
El diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa también ha lamentado que, con este decreto, el «negocio de unos pocos pasa por delante de la mayor parte de la vida de los mallorquines», con unos alquileres cada día más altos y unas hipotecas «inasumibles».
«El PP se llena la boca de medidas urgentes, pero de proteger a las personas, nada de nada», ha lamentado Rosa, que frente a la especulación, «esta administración trumpista niega la realidad» y «enriquece a los de siempre».
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha afeado al ejecutivo que «engañe a la gente» porque su política y su decreto «se cargan» la vivienda de protección oficial.
«Su política no es para quien no tiene vivienda, sino que facilita que los promotores construyan a unos precios absolutamente disparatados», ha asegurado.
Por su parte, la diputada de Podemos, Cristina Gómez, ha augurado que en Baleares se construirán «más viviendas, pero más caras»; eso sí, «la gente que se lo pueda pagar, tendrá casoplones». También ha insistido en la idea del «regalo» a los promotores de 600 millones de euros.
Medio centenar de personas se han manifestado a mediodía de este martes a las puertas del Parlament para protestar contra la política de vivienda del Govern del PP apoyada por Vox, y para exigir la retirada de este decreto ley.
EFE
¡COMO MÍNIMO 330000 €! ¡¡¡COMO MÍNIMO!!!
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