@Noudiari / EFE / El Parlament balear ha pedido este martes al Govern balear que establezca «con la mayor celeridad» un mecanismo que permita la concesión de ayudas de alquiler a las familias que no cumplían el criterio de rentas mínimas recogido en la convocatoria de 2018.
Además, la cámara legislativa también pide al Ejecutivo autonómico que solicite a su vez al Gobierno del Estado la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
El propósito es que las comunidades autónomas puedan regular los precios de los alquileres.
Esta iniciativa parlamentaria, referida inicialmente a las ayudas a la vivienda en Ibiza, ha sido propuesta y defendida por Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y el PSIB-PSOE.
Ha sido aprobada con el voto favorable de estos partidos y El Pi, mientras que PP, Cs y Vox han votado en contra.
Propuesta defendida por Unidas Podemos
Así, la vicepresidenta primera y diputada de Unidas Podemos por Ibiza, Gloria Santiago, ha destacado en la defensa de la PNL presentada que este tema «le quita el sueño a la gente». «Ya advertimos que desde hace tiempo la política que se estaba llevando a cabo no era justa con las mayorías».
En este sentido, Santiago ha explicado que «desde Unidas Podemos, en el Congreso, ya nos negamos a cerrar ningún pacto si el Gobierno no se comprometía a intervenir el mercado del alquiler y Sánchez aceptó. Poco después, la única respuesta que tuvimos fue la del Banco Central, por parte del secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Daniel Cuervo, o del fondo buitre de Blackstone y también por parte de Claudio Boada, el gestor estadounidense, considerado el propietario más grande de ladrillo del mundo, quienes advertían al gobierno de España, que decían que era mucho riesgo para ellos esto de limitar los precios». Por eso, la diputada ha preguntado al partido socialista que «¿para quién se está gobernando? ¿quién decide sobre el bienestar o no de nuestro pueblo?».
Santiago ha defendido que en Baleares, «pero más concreto en Ibiza», hay una «emergencia habitacional». «Esta emergencia habitacional que sufre nuestro pueblo, así como las zonas de más presión poblacional necesitan un parque público de vivienda y otras medidas que equilibren oferta y demanda, una limitación que las proteja del abuso de quienes deciden ponerle un impuesto a nuestro derecho a vivir», ha añadido.
Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha propuesto una enmienda al punto 2 de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por UP, que ha sido rechazada, “con el fin de ampliar el marco de estas ayudas e incentivos”, han explicado.
