@Noudiari/ El Partido Popular de Sant Antoni ha calificado de «indignante» que el equipo de gobierno pretenda “gastarse el dinero de todos los contribuyentes” en defender ante los tribunales «la falsa legalidad de la contratación de la Directora Técnica de Seguridad, Ángeles Gallardo», según han indicado en un comunicado.
Los populares aseguran no entender qué motiva al equipo de gobierno a mantener «contra viento y marea este nuevo cargo de confianza que “no es en absoluto necesario ya que sus atribuciones se solapan con las del Jefe de Policía y que, a todas luces y como ha reconocido en sesión plenaria y en diferentes medios de comunicación la concejala de Gobernación, Aída Alcaraz, el interventor municipal y la Delegación del Gobierno, es totalmente ilegal”.
Los concejales del Grupo Popular han recordado que la contratación de Gallardo les cuesta a los potmanyíns 60.000 euros al año y se preguntan «quién deberá pagar los gastos jurídicos que se deriven de la defensa ante los tribunales de esta flagrante ilegalidad y los sueldos ya cobrados por Gallardo”.
Los populares recuerdan que el interventor municipal ya advirtió en su informe que esta contratatación sería «a todas luces ilegal ya que no existe la citada figura en la plantilla municipal y tampoco hay una partida presupuestaria para ello».
«Ante las más que palmarias evidencias de que se estaba cometiendo una ilegalidad, el tripartito, con la única intención de tratar de cubrirse las espaldas, destituye el 1 de febrero a Gallardo para volver a nombrarla unas horas después», señalan desde el PP municipal. Además, también recuerdan que desde la Delegación del Gobierno se ponen en contacto por segunda vez con el Ayuntamiento para que «dejen de una vez por todas de hacer malabarismos legales para justificar la ilegalidad de la contratación y les informan de que han puesto el caso en manos de la Abogacía del Estado para que impugne este nuevo cargo de confianza ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa».
Ante dicha situación, el PP, contrario a esta contratación, asegura que es «muy poco decente» tratar de pagar las «ilegalidades y los compromisos partidistas con dinero de todos cuando ya han sido avisados en reiteradas ocasiones que la contratación era ilegal y deben cesarla», concluyen.
Ahora resulta que la defensa de la supuesta ilegalidad la vamos a pagar todos los contribuyentes……..Vaya tela….. Que se la paguen ellos!!!!!! Y si finalmente es ilegal, que devuelva la pasta que ha estado cobrando en estos meses que no es poca!
Ya clama al cielo. Nos llaman tontos a la cara y encima pagaremos todos los buenos ciudadanos sus despropositos.
Ho critica el Sr. Sala, qui va gastar recursos de l’ajuntament per defensar la obra il·legal del Sr. Cretú a Corona. D’això si que mai s’ha sabut quants de sous de l’ajuntament es va gastar.
Y tú más!!
Amén!!! Ni un caso ni el otro. La gente no queremos chorizos!! Pero hay mucho que por su partido dice cualquier barbaridad! La gente no es consciente de que el dinero es suyo. Que triste…
Los políticos siempre igual…. Unos critican el pasado de el otro para defender lo suyo actual ….. Pero el presente se los pasan por el forro………….muy triste, el ciudadano está muy cansado de ellos……..
Que sinvergüenzas los de REPISOE, malgastando y jugando con nuestro dinero de forma ilegal! Hay que depurar responsabilidades y después dimisiones!