La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha considerado este viernes de “extrema gravedad” las acusaciones de la interventora contra el presidente del Consell, Vicent Marí, y ha advertido de que la orden de alejamiento solicitada por la defensa de la funcionaria en el marco del caso ‘La vida Islados’ sitúa a la administración insular “en una crisis sin precedentes”.
Para los socialistas, que la «máxima responsable» de la legalidad económica del Consell solicite ante los juzgados “medidas de protección para evitar que Marí la continúe sometiendo, presuntamente, a escarnio psicológico, es de una gravedad extrema y deja la institución en una situación muy complicada”.
El PSOE ha recordado que está personado en la causa como acción popular “en defensa del interés general, por la gravedad de las acusaciones que perjudican la máxima institución insular” y que las declaraciones que inicialmente se tenían que hacer en marzo, “y que Vicent Marí solicitó aplazar hasta pasadas las elecciones del 28 de mayo”, se han tenido que suspender a causa de la huelga judicial, trasladándose 12 de junio.
Los socialistas también han acusado a Vicent Marí de utilizar el Consell de Ibiza “en su estrategia personal para no dar explicaciones y no asumir responsabilidades”, en relación a su voto en contra para rechazar una comisión de investigación, a la decisión posterior de “no personar la institución en la causa judicial” y a no adoptar “ninguna medida para proteger a la interventora e investigar el acoso laboral de la cual estaría siendo víctima”.
El partido opositor ha recordado que la investigación judicial fue iniciada por una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares por la adjudicación “a dedo a la empresa de una exconcejala de Vicent Marí cuando era alcalde de Santa Eulària”, por 250.000 euros, de un video de promoción turística «aprovechándose» del estado de alarma de la covid-19.
Además, con Vicent Marí como alcalde, esta empresa “facturó en el Ayuntamiento de Santa Eulària un total de 1.287.267,62 euros, también a dedo y sin expedientes de contratación”, por la gestión de dos espacios culturales del municipio y por numerosos gastos de compra de material informático y otros suministros, ha añadido el PSOE.
El contrato del video recibió informe negativo de la interventora “porque estaba plagado de irregularidades” y el “mismo Vicent Marí, por decreto de Presidencia, levantó la objeción de Intervención para poder pagar la factura y criticó duramente a la funcionaria durante un pleno del Consell Insular, en su presencia”, ha agregado.
Por todo ello, además de los presuntos delitos de “prevaricación y tráfico de influencias», el juzgado también investiga el de “coacciones” por parte de Vicent Marí contra la interventora, que es la “máxima responsable” de la legalidad económica del Consell de Ibiza, remarca la organización política.
EFE
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