EFE / Redacción / La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares ha señalado que existe «conflicto de interés» en la adjudicación de un contrato de alquiler de un local en el centro de Santa Eulària al padre del concejal de Hacienda del Consistorio, Miguel Tur, ha informado el Grupo Socialista en un comunicado de prensa, que ha agregado que se confirman de este modo la existencia de «irregularidades» en el procedimiento.
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària han respondido que en marzo del pasado año la Oficina Anticorrupción les informó que concluía la investigación abierta en relación a este procedimiento sin traslado a Fiscalía ni considerando que debiera anularse el contrato firmado.
El Grupo Socialista ha explicado que en noviembre de 2021 denunció la adjudicación del contrato de 499.590 euros al padre de Tur por el alquiler de un local en el centro del núcleo urbano que estaría destinado a ubicar el departamento de Bienestar Social. Según las citadas fuentes, una vez alquilado el local, se licitó un contrato de obra de reforma por un importe de 333.815,22 euros.
En su memoria de 2023, la Oficina Anticorrupción explica que recibió tres denuncias sobre este caso, entre ellas la del Grupo Socialista, y expone las conclusiones a las que ha llegado después de analizar la documentación requerida y las alegaciones presentadas.
En este sentido, señala que una de las personas titulares del órgano de contratación, la Junta de Gobierno Local, «entra en conflicto de interés» ya que puede «influir en el resultado y tiene directa e indirectamente un interés financiero, económico y personal» que puede «comprometer su imparcialidad e independencia» en el contexto de este procedimiento.
Además, apunta que el concejal es «apoderado solidario de la empresa» propiedad de su padre a la que se adjudicó el contrato y que fue su gerente desde el 1 de enero de 2013 hasta el 16 de junio de 2019, un día antes de su toma de posesión como primer teniente de alcalde.
La memoria de la Oficina Anticorrupción también considera que el supuesto de prohibición de contratar con la empresa adjudicataria se «mantiene vigente mientras perdure el conflicto de interés» por tener vínculo familiar con la empresa y ser apoderado solidario de la empresa y a la vez tener la condición de titular del órgano de contratación.
«Por consiguiente, la empresa adjudicataria se encontraría en situación de prohibición de contratar», añade, al tiempo que destaca que la empresa adjudicataria presentó una declaración responsable que no sería adecuada en el procedimiento de licitación en relación a las prohibiciones de contratar del artículo 71″ de la Ley de Contratos del Sector Público.
Asimismo, también se refiere a la justificación del contrato de obra para llevar a cabo la reforma en el local y señala que a pesar de los informes de valoración positivos del local, «se trata de una reforma integral del local y de sus instalaciones y no es una simple reforma o adecuación del local como se podría desprender tanto de la memoria técnica del local como de los informes de valoración realizados», indican.
A continuación, en la memoria se indican las acciones realizadas en base a estas conclusiones, que incluyen la comunicación a la alcaldesa del informe razonado respecto a las mismas «a los efectos oportunos», así como instar al Ayuntamiento de Santa Eulària «a iniciar los procedimientos administrativos de cualquier naturaleza que correspondan de acuerdo con las conclusiones» expuestas.
Desde el Grupo Socialista de Santa Eulària han señalado que se tomarán las medidas que sean necesarias «para que se llegue al fondo del asunto» y se «depuren todas las responsabilidades» por este caso.
El Ayuntamiento señala que la investigación se cerró sin considerar que debiera anularse el contrato
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, por su parte, han señalado que en marzo del pasado año la Oficina Anticorrupción les informó que concluía la investigación sin traslado a Fiscalía ni considerando que deba anularse el contrato.
En un comunicado de prensa, han remarcado que la Oficina Anticorrupción «no impone» ninguna de las medidas que «serían lógicas» en caso de que se produjera una «situación irregular y que dañase los intereses» del Consistorio y han insistido en que existen informes favorables por parte de Secretaría, Intervención y Contratación, así como el de Sindicatura de Cuentas.
«Únicamente se apuntan al Consistorio las recomendaciones de aprobar un Plan de Medidas Antifraude, el cual está en vigor desde mayo del año 2022, y que la alcaldesa no forme parte de la Mesa de Contratación en aquellos acuerdos cuyo órgano de contratación es Alcaldía, algo que ya hace tiempo que se viene cumpliendo», han apuntado.
El Consistorio ha indicado que la transparencia ha sido «total y absoluta» en el procedimiento, indicando que se realizó una licitación a pesar de poder hacer de forma directa, dando posibilidad de presentarse a cualquier propietario de un local que pudiera cubrir las necesidades de espacio que se tenían.
La administración ha concluido defendiendo la «honorabilidad» de todos sus miembros, «desde los directamente afectados en este caso, como la de los técnicos y trabajadores de la casa, cuya profesionalidad y honradez se pone en cuestión con acusaciones infundadas».
