El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha denunciado hoy en el pleno del Senado que el bloqueo por parte del Partido Popular a la Ley Orgánica de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia está impidiendo que los jueces y magistrados de Ibiza perciban el complemento salarial contemplado en esta legislación. Ferrer ha lamentado que, una vez más, la derecha utilice la Cámara Alta “con fines partidistas infantiles” y ha recordado que el complemento que deben recibir los jueces de Ibiza “sigue sin actualizarse”, explica Eivissa i Formentera al Senat a través de un comunicado.
“La reducción salarial de la judicatura es histórica, no solo por este complemento, sino también por la falta de actualización del plus de insularidad”, ha señalado Ferrer, quien ha llevado esta reivindicación al Senado en diversas ocasiones. En su intervención, el senador ha planteado varias preguntas a los representantes del PP: “¿Están dispuestos a apoyar la reforma de la ley si se rectifican los errores? ¿O piensan mantener el veto sobre esta ley y, por tanto, sobre este complemento, de modo que nuestros jueces y magistrados continúen sin beneficiarse de él? ¿Pretenden hacernos creer que con el conflicto que han generado mejorará la Justicia? Es evidente que no”.
Ferrer ha defendido que la nueva ley debe permitir avanzar “hacia una justicia más preventiva, más conciliadora, más ágil, más transparente y más eficaz”. No obstante, ha recordado que esta reforma legal debe ir acompañada de más recursos, ya que en Ibiza la dificultad para cubrir las plazas judiciales es enorme. Como ejemplo, ha señalado que en la isla “hay una única psicóloga forense para una población de 165.000 residentes y tres millones de visitantes, lo que provoca retrasos de hasta dos años”.
Obras en la sede judicial
El senador también se ha referido a la situación del edificio de los juzgados de Ibiza. Según ha informado el Ministerio de Justicia –a requerimiento de Ferrer–, las obras para finalizar la sede de Sa Graduada están a punto de licitarse y está previsto que comiencen durante la segunda mitad de 2025. “Es urgente unificar la sede, ya que los juzgados civiles llevan más de 20 años en una ubicación provisional”, ha denunciado Ferrer, subrayando que esta duplicidad de instalaciones genera numerosos problemas para el personal funcionario y confusión entre la ciudadanía.
Finalmente, ha vuelto a reclamar la solución del problema de la falta de aparcamientos reservados, especialmente para jueces y fiscales penales, ya que esta situación representa un riesgo para su seguridad.
