La segunda reunión entre trabajadores, sindicatos y las empresas concesionarias del servicio público de limpieza y recogida de residuos de los municipios ibicencos de Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan (Herbusa y UTE es Vedrà), llevada a cabo este domingo en el tribunal de arbitraje (TAMIB), ha finalizado sin acuerdo y, por tanto, la convocatoria de huelga indefinida convocada a partir del próximo viernes día 28 de junio sigue adelante.
No obstante, desde ambas empresas han manifestado en un comunicado que mantienen abierta una línea de diálogo con la intención de llegar a un acuerdo que permita «desbloquear» esta situación antes del inicio del paro. Asimismo, las concesionarias señalan que «valoran y reconocen públicamente el trabajo del personal afectado» y «entienden sus aspiraciones» de mejora de las condiciones laborales, «pero siempre dentro del contexto económico, social y legal» en el que se encuentran, matizan.
Por otra parte, lamentan la postura «inflexible» del comité de empresa, que mantiene su pretensión inicial de subida salarial sin variación alguna, con lo que entienden que «esto no es una negociación», prosigue la nota de prensa. Del mismo modo, las empresas mantienen que «las condiciones objetivas (salarios, jornada, vacaciones, días de asuntos propios…) de las que disfruta el personal afectado son, desde el anterior convenio, mucho mejores que las de los trabajadores de puestos similares en otros convenios en la isla de Ibiza, como en la hostelería o la construcción e invitan «a comparar nóminas y condiciones» entre diferentes convenios «para que cada cual saque sus propias conclusiones».
Tanto Herbusa como UTE Es Vedrà sostienen que el derecho legal de huelga «debe ejercerse con responsabilidad». «De lo contrario asistimos a un acto de fuerza desproporcionado que no solo pone en jaque a la empresa sino también a la sociedad ibicenca, los establecimientos y las instituciones locales, lo cual es aún peor, y no deben pagar justos por pecadores».
«Estamos negociando un convenio de un servicio público -sigue diciendo el comunicado-, que pagan los ciudadanos. El salario medio de los ciudadanos de la Isla es muy inferior al de los trabajadores afectados por los convenios en negociación. El incremento salarial del 10% que se solicita para 2024, es inasumible y supone más del doble que el aplicado en otros convenios del sector. Apelamos, una vez más, a la responsabilidad del comité de empresa y de CCOO para flexibilizar su postura, posibilitar un acuerdo, y evitar el daño que la huelga ocasionaría, a ciudadanos, establecimientos, administraciones locales y la imagen que daría a los turistas que visitan la isla en verano».
Y dingun político que dimite