Joan Carles Palerm, presidente del GEN: «Si entramos en una época de sequía prolongada muchos pozos se van a quedar condenados»

Joan Carles Parlem ha vuelto a ser elegido presidente del Grup d’Estudis de sa Naturalesa d’Eivissa (GEN-GOB). Lleva más de 20 años al frente de esta agrupación ecologista que ha logrado, entre otras muchas cosas, arrojar algo de luz a las antaño mucho más opacas oficinas de urbanismo de los ayuntamientos. La gestión del agua, más bien su mala gestión, es una de sus principales preocupaciones, así como el futuro de las basuras de esta isla, que adolece, a su juicio y a la vista de los hechos, de falta de planificación y previsión de futuro.

Pregunta: Si hace balance, ¿qué destacaría como los hitos o los hechos que justifican, por decirlo de alguna manera, la existencia y el trabajo del GEN durante todos estos años?

Respuesta: Uno de los problemas de la isla es la disciplina urbanística, que siempre ha sido laxa y demasiado permisiva. Ese problema ha sido uno de nuestros caballos de batalla. Nos arriesgamos y dedicamos unos recursos que casi no teníamos para dar un golpe sobre la mesa: el Caso Cretu [la mansión ilegal del músico Michael Cretu en Corona, que fue derribada en 2009]. Buscamos los recursos porque era un caso suficientemente claro y se consiguió tumbar esa vivienda… y otras que vinieron después. Hay que recordar que partíamos de una licencia otorgada. Fue un caso con varios funcionarios imputados, con el susto en el cuerpo, y con algún político que tuvo que poner dinero de su bolsillo y eso se notó claramente. El urbanismo no ha dejado de ser un problema pero hubo un antes y un después en el modo en el que los ayuntamientos, las administraciones y los técnicos comenzaron a trabajar el urbanismo.

«El urbanismo no ha dejado de ser un problema pero hubo un antes y un después del caso Cretu»

Pregunta: Pero el urbanismo sigue dando problemas. No hay más que ver todas las construcciones ilegales, reformas y ampliaciones que se hacen sin licencia…

Respuesta: Puede que el seguimiento de la disciplina urbanística no sea todavía el correcto, pero ya no hay participación activa de la administración, que era lo que parecía que había entonces. No sé si me explico…

Pregunta: Funcionarios y políticos ¿estaba ganado dinero? ¿había comisiones o regalos?

Respuesta: Había funcionarios que ganaban dinero y políticos que lo sabían y no les importaba porque, si eso les permitía seguir ganando elecciones, les daba igual. Era un sistema corrupto. Cuando los funcionarios se asustaron de verdad conseguimos cambiarlo. Aunque sigue habiendo poco control sobre lo que pasa en la isla.

Pregunta: Usted propuso la creación de una Agencia del Territorio hace un tiempo. ¿Qué ha pasado con esta idea?

Respuesta: Sí, es una iniciativa que seguimos defendiendo y que funciona ya en Mallorca. Es un organismo autónomo del Consell de Mallorca que tiene mancomunada las competencias insulares en materia de protección de la legalidad urbanística. Tienen esta unidad de funcionarios e inspectores que no dependen directamente del municipio que vigilan sino que trabajan para el Consell, defendiendo el interés de los ayuntamientos. Eso permite que sea mucho más difícil que alguien tenga influencia sobre su alcalde… Al final es un organismo autónomo y mucho más eficaz que cuenta con vigilantes que localizan las infracciones en el territorio, juristas y personal administrativo que tramita las denuncias y que llegan al final. Es decir, que hay sanciones y devuelvan el paisaje a como estaba antes… porque si no, no sirve de nada. Hay más personal del que podría poner un solo ayuntamiento para vigilar. Sant Joan, por ejemplo, tiene poca capacidad para poner vigilantes, celadores… pero, si toda la isla está unida en un único sistema de vigilancia mancomunado, beneficia a todos.

P: ¿Se ha planteado al Consell de Ibiza esta idea?

R: Sí, estas cosas las pedimos habitualmente pero no hacen caso. Entiendo que todo aquello que suponga ceder competencias a los ayuntamientos puede ser un poco complicado. Si los ayuntamientos no quieren supongo que no se hace.

P: ¿Las sanciones llegan (si es que llegan) cuando las construcciones ya están hechas, es decir, que no hay vigilancia previa que evite los desmanes urbanísticos? 

R: Claro, hay mucho territorio y pocos recursos, pocos celadores. Por eso sugerimos la Agencia del Territorio. Hay poco personal administrativo que se pueda dedicar a acabar los expedientes y es una pena. Si no hay sanción y si nadie paga multas… pues el vecino hará lo mismo: piscinas sin permiso, una altura más… 

P: Hace poco recogíamos en Noudiari su preocupación por la sequía en Ibiza: Los acuíferos sufren, los agricultores están regando este invierno más que nunca porque no llueve y las mansiones tienen cada vez más piscinas y más grandes, con terrenos que reclaman riego para césped y plantas ornamentales no autóctonas.

R: La realidad es que no hay agua suficiente. Si no llueve no habrá agua en primavera y es posible que las empresas que llenan las cisternas del campo comiencen a racionar agua. Las tres desaladoras ya no dan abasto, están al 100 por cien de su capacidad casi y no sobra agua desalada. Tanto es así que en agosto no hay agua para todos y se ha llegado a cortar el suministro a zonas de la isla. Ya hay pozos vacíos o salinizados. Esta es la realidad.

Se ha aprobado ahora la modificación del PTI que permite un crecimiento pequeño en rústico pero crecimiento, al fin y al cabo, y no dice en ningún sitio que no puedas hacerte una piscina. Las nuevas viviendas en suelo rústico llevarán piscina porque si tienes piscina la alquilas por más dinero. Por eso todos los casos de denuncias y procesos de alegaciones en los que participamos actualmente tienen que ver con nuevos planteamientos urbanísticos, como ahora la modificación del PTI. ¿De dónde van a sacar el agua si cada vez hay menos y no llega el sistema de suministro a las zonas rurales? Si ahora entramos en una época de sequía prolongada muchos pozos se van a quedar condenados para decenas y decenas de años. El de Sant Rafel está aguantando porque está lejos de la costa pero hay otros pozos que se están perdiendo. Las piscinas se llenan con agua de pozo, con agua buena, porque no se pueden llenar de otra manera salvo que se trate de suelo urbano y sea agua desalada. Las casas del campo no están conectadas a este suministro y ya son más de 11.000 piscinas según nuestro último recuento.

P: Desde el GEN se oponen a la urbanización de Ca n’Escandell, en la ciudad de Ibiza, donde se van a construir varios cientos de VPO (unas 500 viviendas). Resulta difícil de entender que se opongan a que se haga vivienda protegida con el problema habitacional que tiene Ibiza.

R: Entiendo que la población no lo entienda pero nuestro papel es lanzar un mensaje que tal vez no todo el mundo quiere escuchar. Nuestro argumento principal para este caso es, precisamente, que no hay agua para la población urbana actual. Tenemos tres desaladoras funcionando a todo ritmo pero no somos capaces de dar a beber o dar un servicio a todos los negocios y viviendas. No es de recibo que planteemos crecer la población de la isla cuando hay infinidad de viviendas vacías en el municipio. La realidad es que hacer esas viviendas va a permitir no tener que sacar del mercado turístico ilegal otras 400 o 500 viviendas que se están alquilando a turistas de manera ilegal. Un turista consume el doble de agua que un local. De lo que hablamos es de cambiar, en suma, esos pisos turísticos ilegales por pisos para personas residentes. Creo que el propio Consell cifra en 100.000 personas las que no se sabe dónde están alojadas porque no están en ningún establecimiento legal. Son muchas viviendas que están funcionando en el mercado ilegal consumiendo agua y consumiendo recursos e incrementando el precio de la vivienda para los demás. 

P: Es decir, que lo que plantean es destinar todos los recursos a localizar pisos vacíos o alquilados ilegalmente a turistas y sacarlos al mercado legal de alquiler anual.

R: La mayoría de esas 100.000 personas que están en Ibiza un día verano fuera de la oferta legal están en pisos o viviendas turísticas ilegales. Algunas son viviendas en el campo con un piscinón de 90.000 litros de agua que tiran cuando acaba la temporada y es agua buena que ha salido de un pozo. 

P: Muchas viviendas nuevas son mansiones, conocidas como ‘villas’ que pueden tener spa, varias piscinas, jardines con césped y un consumo de agua disparatado. ¿Se puede obtener una licencia con todo este consumo de agua o hay algún límite?

R: No hay límite. Hemos pedido que, en las zonas de más protección, sí haya un límite. Hemos alegado muchas veces que, si autorizas una vivienda en suelo rústico, sea de 200 metros cuadrados y no de 650 metros. Lo que pasa es que el sector de lujo pide estos tamaños como mínimo. Ninguna piscina tendría que tener más de 20 metros. La realidad es que no existe un límite de consumo por vivienda.

P: Ya se habla de hacer una cuarta desaladora…

La solución no es una cuarta desaladora porque no hay que hacer una desaladora más. Nuestra agua es muy cara en términos de cambio climático: hace falta mucha energía para convertir agua del mar en agua desalada. 

P: La desalación de agua tiene, además, sus residuos: la salmuera. ¿Están bien controlados los vertidos de las plantas desaladoras?

R: Está reglamentado y más o menos se ha ido solucionando. El problema no es la salmuera de las tres desaladoras públicas sino la salmuera del número desconocido de desaladoras privadas, que no sabemos dónde vierten. Muchos hoteles tienen un sistema propio para desalar el agua y tiran los residuos a la alcantarilla. Esa alcantarilla lleva el agua a las depuradoras. El volumen de sal que llega a las depuradoras hace que las bacterias que han de limpiar el agua dulce no vivan bien, no estén en condiciones óptimas, por lo que no funcionan igual. La depuradora funciona peor y ayuda a que se colapse, a que huela mal. Cada vez que llueve mucho hay que abrir las compuertas de las depuradoras para que no revienten. El agua que sale está más sucia de lo que tocaría. Eso es lo que pasa en Vila cuando el agua mal depurada acaba en el puerto. La depuradora funciona mal y en parte se debe a que le llega agua salada por ese número indeterminado de desaladoras pequeñas que hay en los hoteles.

P: ¿Qué les parecen las medidas del decreto ley de vivienda de Balears, como es habilitar bajos como viviendas o subir en altura los edificios?

R: Que seguiremos teniendo muchas viviendas vacías y muchas personas disfrutando en verano de casas que no se alquilan a la gente local. Ese es el verdadero problema. Es contradictorio subir en altura un edificio en el que puede haber viviendas vacías o en alquiler turístico ilegal. O ¿quién controla que esa casa en un bajo no se dedique a la explotación turística? 

P: Aumentar la oferta, ¿en principio debería suponer una bajada de precios para todos?

R: No estoy seguro de que, en un bien como la vivienda, de interés especial y necesario para todos, se fíe todo al libre mercado porque la realidad es que no funciona. La realidad es que se nos va de las manos. El aceite está disparado de precio pero el pan no porque su precio está regulado.  La vivienda y el pan son igual de necesarios, no son bienes de lujo, todo el mundo tiene que poder vivir en una vivienda… es que es básico.

P: En Ibiza hay muchas zonas protegidas pero la impresión es que hay una absoluta falta de vigilancia porque nos encontramos desde fiestas o rodajes ilegales a fondeos ilegales o construcciones sin licencia en esas áreas protegidas. 

R: Vigilancia hay, pero lo que sí sucede es que muchas denuncias acaban en nada, es decir, que muchos expedientes o no se tramitan o no terminan de manera positiva. Tenemos una administración que no está respondiendo a lo que tiene que responder. Si los guardas forestales presentan denuncias tienen que llegar al final como lo hacen las denuncias de tráfico. Nosotros mismos hemos presentado denuncias en ayuntamientos y nunca nos han contestado. 

P: ¿Me puede poner un ejemplo?

R: La llamada ‘casa del motor’. Es una vivienda propiedad de Salinera pero que está en dominio público, en la parte final de es Codolar. Es una construcción que siempre se usó para guardar herramientas de salinera. Más tarde se restauró porque tiene interés histórico industrial pero lo que se hizo fue una casa. Una vivienda. Desde la ventana se ve hasta un jacuzzi. Hay al menos una persona viviendo. Se han hecho denuncias formales y nosotros mismos lo hemos denunciado y nunca nos han respondido. Hay alguien viviendo en una de las zonas más frágiles del parque natural, llegan en coche… Ahí vive alguien diga lo que diga Salinera. No es lo que toca. No debería haber una cocina ni nada de lo que hay. Un ejemplo, además, en el lugar más ‘sagrado’ medioambientalmente como es un Parque Natural.

P: Un Parque Natural, el de ses Salines, en el que pasan muchas cosas que en otros lugares, como en la vecina Menorca, serían impensables: construcciones ilegales, chiringuitos con música a toda potencias, fiestas ilegales en casas privadas…

R: Se ha hablado mucho, por ejemplo, de poner autobuses lanzadera. Hay sitio de sobra para hacer un aparcamiento disuasorio en el terreno donde antes había un restaurante y un club de fútbol. Se podría expropiar con dinero de la ecotasa. Algo hay que hacer porque hay demasiada gente en el parque y tendría que haber límites, unos numerus clausus. En su día presentamos a la Fiscalía una denuncia porque los chiringuitos de ses Salines han ido creciendo evidentemente estos años, entre un 20 y un 30 por ciento, con construcciones de cemento. Uno de ellos, el Beso Beach, promociona venir en helicóptero desde Barcelona a Ibiza. Esa paella, en términos de cambio climático, es inaceptable y eso no nos interesa. 

P: La posibilidad de que Ibiza tenga una incineradora de basura es cada vez más cercana. El vertedero está al límite y parece que sea la única solución. ¿Es así?

R: Vemos todo esto con una mezcla de intranquilidad e incredulidad. La incredulidad es, más que nada, porque la administración está obligada a fijar cuál es la alternativa a través de un Plan Director Sectorial. Tenemos uno relativamente nuevo pero no aborda el futuro de dónde o cómo haremos la gestión cuando el vertedero esté lleno. Nadie corre mucho porque, el que lo diga, se llevará las críticas. Nosotros entendemos que los residuos de Ibiza se tienen que quedar en Ibiza con una infraestructura aquí pero, desde un punto de vista ambiental, preferimos un vertedero. 

P: Entonces ¿o se hace una incineradora o se hace un nuevo vertedero?

R: Eso es. Lo que pasa es que la normativa europea dice que, en caso de que sea un vertedero, solo puede llegar allí el 10 por ciento del total de lo producido. Es decir, que si recuperásemos y reutilizásemos el 90 por ciento de la basura de Ibiza podríamos hacer un vertedero.  Por eso lo más probable es que se haga una incineradora. Porque no llegamos ni de lejos a esa proporción y no hemos trabajado para ello. Un vertedero obliga a trabajar e incrementar la recuperación, el reciclaje y la reutilización. La incineradora no. Es una pena. Ahora mismo no llegamos al 40 por ciento de recuperación, estamos muy lejos del 90 por ciento.

P: Al vertedero le quedan seis años y hacer una incineradora va a llevar mucho más tiempo. ¿Qué va a pasar con la basura mientras tanto?

R: El Plan director ni ha salido a concurso público, así que nos podemos imaginar. En el mejor de los casos estamos hablando de doce años. El anterior tardó 20 años en aprobarse… Le quedan los mismos años de vida al vertedero que los años que necesitaremos para redactar el plan y a eso hay que sumar todos los años que tardemos en construir las infraestructuras. Es decir, habrá que llevar la basura a otro sitio y no sabemos ni cuál es. Probablemente Mallorca. La realidad es que la basura de Ibiza va a tener que salir en barco, posiblemente durante años… ya veremos si son seis o diez.  Ambientalmente no nos gusta nada. Camiones de basura circulando por la isla para llenar barcos de basura con el peligro de que haya un hundimiento y acabe la basura en el mar. 

P: Las incineradoras generan rechazo y nadie las quiere cerca, lo que en Ibiza es complicado. ¿Son tan contaminantes como se cree?

R: Hace 20 años eran mucho peor que ahora. Ahora no son tan problemáticas pero sí muy costosas en filtros y en tecnología para poder captar todos los tóxicos que liberan al incinerar la basura. Casi se capta todo y no son tan peligrosas como antes. Pero son complicadas de mantener si hay una avería o algún problema. A nosotros nos nos gustan y preferimos un vertedero porque obliga a aumentar la reutilización y el reciclaje. 

P: Otro de los titulares que ha protagonizado el GEN bastante recientemente es su petición al Ayuntamiento de Sant Antoni para que anule la licencia de discoteca de Privilege, que lleva ya más de tres años de inactividad.

R: Lo que pedimos es que, aprovechando que llevan tres años sin actividad y que la ley lo permite, les anulen la licencia que tienen. El ayuntamiento tiene esa potestad. Si fuera así, tendrían que tramitar de nuevo las licencias desde cero y eso implicaría cosas importantes como que la normativa ha cambiado y tendrían que adaptarse a la actual. El sector nocturno no debería tener la capacidad de presión y el poder que tiene. Entendemos que el cambio en el turismo de discotecas de los últimos quince años ha hecho que nos vaya peor a todos. Los vecinos ahora ya saben que si van a tener ruidos y molestias es porque el alcalde quiere. Es decir, que el alcalde no está obligado a que Privilege siga siendo una discoteca. Hemos pedido que nos pasen todas las licencias concedidas y todavía no nos las han dado. Se supone que están haciendo obras menores pero no nos han enviado los expedientes. Solo sabemos que han recibido nuestra petición.

P: Otro de los grandes temas medioambientales es la amenaza de extinción de las lagartijas por la presencia de serpientes que llegaron a la isla en olivos ornamentales. ¿Está todo perdido? ¿Es suficiente el papel de las administraciones públicas?

R: Por una parte, tenemos a las administraciones locales, que están todas implicadas y están haciendo más de lo que les permiten sus competencias. Intervención no permite gastar dinero en protección de fauna porque no es competencia municipal pero todos están colaborando y trabajando por encima de sus posibilidades. Otra cosa es el Govern balear, que es el responsable de la conservación de la lagartija y del control de las invasiones biológicas serpientes.

P: ¿No hacen lo suficiente desde el Govern?

R: El Cofib (Consorcio para la Recuperación de la Fauna de les Illes Balears) del Govern está invirtiendo más que nunca pero es completamente insuficiente. Lo que hace falta es tener un plan, una metodología y una guía en la que basarnos todos a la hora eliminar las serpientes. El Cofib destina personal y un presupuesto, que se financia con el impuesto de actividades turísticas (la antes llamada ecotasa) y que ha destinado 450.000 euros en cuatro años. El personal hace mucho con el presupuesto que tiene pero no tenemos plan 2024-2028 ni una guía general para afrontar la plaga. Planear, por ejemplo, el papel de los voluntarios, si tiene que haber cría de lagartijas en cautividad o zonas con más trampas para contener el avance... Pero eso no existe y estamos todos improvisando y esta no es la manera de afrontar un problema tan serio como este.

¿A quién corresponde redactar ese plan?

R: Podría partir del Cofib, de expertos de la UIB o de la Sociedad Española de Herpetología. Al Govern le correspondía buscar el presupuesto para hacer lo que diga el plan. Hoy por hoy no sabemos si para erradicar la plaga o controlarla hace falta un millón o quince millones. El Cofib hace virguerías con el presupuesto que tiene pero no sabemos si es suficiente.

El estudio en el que participó Elba Montes pronostica que la lagartija pitiusa se va a extinguir en 2030.

R: Lo que dice el trabajo de Elba Montes es que en 2030 la serpiente llegará a toda la superficie de la isla y, si eso pasa, la probabilidad es de que prácticamente desaparezca. Hablaríamos prácticamente de la extinción. Lo que vemos nosotros es que el avance de las serpientes es como el frente de un incendio, que va ganando terreno y va dejando atrás una zona despoblada. En el 40 por ciento de la isla ya no hay lagartijas. Con las trampas estamos consiguiendo frenar el avance pero no hay victoria porque, al final, avanza, aunque sea lento. Lo que dice el Govern es que cuando la ‘ola’ arrase van a quedar en la isla densidades suficientes de lagartijas en las zonas urbanas. Se supone que ahí no van a abundar las serpientes. Las lagartijas van a aguantar en las zonas urbanas pero no sabemos si será así o se recuperarán terreno. Vemos muy probable que las cosas no vayan bien y se extinga y es una vergüenza porque seguro que se podría hacer más. Como mínimo redactar un plan y tener objetivos claros. 

¿Están siendo eficaces las medidas para controlar la entrada de olivos?

R: En teoría hay unos meses en los que nadie puede traer olivos pero ya ha pasado, al menos una vez, que han entrado olivos en época ilegal. Supongo que quien los trajo no lo sabía y estaban retenidos. Pero no hay un órgano que revise lo que llega a la isla. Tendría que haberse habilitado ya un espacio de cuarentena y no se ha hecho. Lo mejor sería que no entrasen olivos pero, si dejas que entren, hay que controlarlo.