La Audiencia Provincial de las Illes Balears ha hecho pública la sentencia 281/2025, en la que absuelve a Jaume Ferrer Ribas, Isidor Torres Mayans, Sonia Cardona Ferrer y Silvia Tur Ribas de los delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, en el marco del procedimiento penal conocido como el ‘caso bomberos‘.
La resolución es tajante respecto a la falta de pruebas. En sus fundamentos, el tribunal afirma que «en el presente procedimiento no se ha practicado actividad probatoria mínima que permita construir el reproche penal que se pretende por ambas acusaciones».
Respecto a la acusación de prevaricación, el fallo señala que «ninguna de dichas pruebas personales ofrece información a la Sala que permita dar por probado ninguno de los elementos normativos que configuran el delito de prevaricación administrativa».
Sobre la imputación de falsedad documental dirigida exclusivamente contra Isidor Torres, la sentencia añade que «ni siquiera se ha identificado qué documento público podría dar lugar a dicho delito», reforzando así la inexistencia de pruebas materiales.
Crítica al uso instrumental del derecho penal
Además de decretar la absolución, el tribunal manifiesta su preocupación por el uso del proceso penal como herramienta de presión política. En este sentido, advierte sobre el «peligro que el empleo indiscriminado de esta figura (la prevaricación) pudiera proyectar sobre el derecho a la presunción de inocencia», especialmente si se utilizara para «eludir la prueba del conocimiento» o «invertir la carga de la prueba».
Durante el proceso, la acusación particular fue sostenida por el despacho De las Heras Abogados, fundado por Patricia de las Heras, actual diputada en el Congreso por el partido Vox, «con respaldo explícito o tácito de sectores vinculados a la derecha local», explica GxF en una nota de prensa.
Gent per Formentera (GxF), formación a la que pertenecieron los exresponsables absueltos, ha insistido desde el inicio del caso en la honradez y legitimidad de las decisiones políticas adoptadas durante sus años de gobierno. Subrayan también que ninguno de los procesos judiciales iniciados contra sus cargos ha finalizado con condena.
GxF considera que esta causa ha sido utilizada para intentar desgastar políticamente al partido mediante la vía judicial, pese a tratarse de un conflicto originado en el ámbito de la gestión administrativa.
