R. B./ La Audiencia Provincial de Balears ha anunciado que el juicio penal por el caso Cretu comenzará en Palma el próximo 26 de septiembre. La asociación ecologista GEN-GOB, quienes han anunciado esta fecha a través de las redes sociales, han manifestado su alegría por este «paso adelante» dado por la justicia.
Foto: gengob.org
La primera sentencia emitida sobre el caso Cretu tiene fecha de 2001, cuando los tribunales ordenaron la demolición de la mansión que este músico había construido en Sant Antoni. Esta resolución legal fue dictada a raíz del recurso interpuesto por el GEN contra el acuerdo de la comisión de gobierno municipal que otorgó esta licencia de obras en 1997. Esta mansión se levantaba en un área protegida y, además, tanto Cretu como su arquitecto fueron declarados culpables de un delito territorial por alzar una edificación un 68,3% más grande que lo autorizado en la licencia, que preveía un edificio de 864 metros cuadrados cuando se construyeron 1.864 metros cuadrados.
«Es impresentable y vergonzoso lo que está ocurriendo», ha apuntado Neus Prats, del GEN-GOB, en referencia al gran retraso que ha sufrido este juicio. «No sabemos si es por ineficacia, ineptitud, falta de ganas, de medios… O todo junto», ha añadido la ecologista antes de sentenciar que «esto no es justicia», ya que la Fiscalía ha pedido una disminución de la pena solicitada debido al retraso que ellos mismos han provocado.
Un juicio añejo con responsabilidades no depuradas
Antoni Marí Tur, quien ejercía como alcalde de Sant Antoni cuando fue emitida esta licencia, tuvo que declarar ante los tribunales por haber expedido una autorización municipal para construir en un área natural protegida. La demolición de la construcción, a pesar de haber sido ordenada en 2001, no se ejecutó hasta 2009 y tuvo un coste de 346.000 euros, que deberán ser abonados al consistorio por Antoni Marí Tur, Michael Cretú y su arquitecto, José Torres, y la exconcejala de Urbanismo, Blanca Castiella.
El fiscal solicitó para los acusados multas de prisión y económicas, así como inhabilitaciones para empleo o cargo público para los políticos que aprobaron esta construcción ilegal. En concreto, Michel Cretu y José Torres fueron acusados de un delito contra la ordenación del territorio. Por otro lado, sobre Miguel Ángel Martí Miralles, aparejador municipal que firmó los informes que avalaban la obra, pende un delito de falsedad cometido por funcionario público. Para Marí Tur y Castiella, el fiscal solicita que abonen de forma solidaria una parte de los gastos que le ocasionó al ayuntamiento el derribo de esta edificación. Así, el exalcalde y la exconcejala de Urbanismo deberían indemnizar al Ayuntamiento de Sant Antoni con una quina parte cada uno de la totalidad de los costes de esta actuación.
