@Vicent Torres / La estación de autobuses de sa Colomina es uno de los mayores fracasos de la sociedad ibicenca. Una infraestructura necesaria y millonaria y que, pese a ello, el pasado 21 de diciembre cumplió un lustro cerrada. Cinco años en los que se ha manifestado la incapacidad política para dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos y las necesidades de los visitantes, que han deambulado durante este periodo por las calles de la capital en busca de una pequeña sobra con el mercurio disparado durante el verano y sufriendo el frío y la lluvia del invierno.
La cronología es infinita entre recursos judiciales, desencuentros y paripés de dudosa calidad interpretativa. El último acto de esta funesta función para los ibicencos se llevó a cabo ayer en el pleno del Consell de Eivissa, que aprobó en una sesión extraordinaria las prórrogas de las concesiones del transporte regular de viajeros por carretera.
Entre las empresas privadas que han conseguido seguir sacando tajada del pastel hasta el inicio del nuevo contrato se encuentran Herederos de Francisco Vilás y Autobuses San Antonio, propiedad de Sagalés, concesionaria del Cetis y principal interesada de que se ponga en marcha la estación. El Consell ha atendido a las alegaciones de Sagalés -y otras dos de las concesionarias- en contra de la modificación del contrato para que la entrada en la terminal sea por vía de urgencia. Un nuevo sinsentido.
La consellera insular de Territorio y Movilidad, Pepa Marí, que aseguró hace unos meses que el traslado sería “inminente”, reconoció que supondrá el retraso “unos meses” de la puesta en marcha de la estación, que sigue soplando velas al son de las piruetas de Sagalés y de la inoperancia de los dirigentes de todos los colores e ideologías que han gobernado las instituciones implicadas durante estos cinco años.
Previamente, la máxima institución insular ya había asumido el pago de la tarifa de entrada y salida de las estación ibicenca ante el retraso de la renovación de las concesiones. Así, a partir del 1 de enero de 2019 el coste, que asciende a un máximo de tres euros por entrada y salida de cada bus, no lo asumirán las empresas concesionarias tal y como estaba previsto.
El Consell y el Ayuntamiento de Eivissa aprobaron en sendos plenos la modificación del convenio firmado en 2016 para abrir la estación, cerrada tras el conflicto político entre ambas instituciones en torno a la legalidad y la operatividad de la instalación. Entonces ya anunciaron que la apertura sería para antes del verano, lo que se diluyó en el tiempo como una nueva promesa precipitada.
En febrero de este mismo año, el Cetis superó las pruebas de operatividad que llevó a cabo el Ayuntamiento de Vila. Los conductores solventaron las diferentes maniobras con microbuses y vehículos de 15 y 12 metros, pudiendo realizar los giros necesarios por las calles Canàries y Sant Cristòfol. Fue un paso necesario después de que se hubiera ejecutado un proyecto nefasto con decenas de problemas para los chóferes en situaciones habituales y para los propios pasajeros, con andenes dispuestos al revés, entre otras maravillas arquitectónicas.
La estación del Cetis supera las pruebas de operatividad tras las obras realizadas
INUTILES, INUTILES Y MAS QUE INUTILES.