La Fiscalía de Balears ha denunciado en los juzgados a cuatro trabajadores de Sa Residència Colisée de Ibiza por ejercer como enfermeros sin tener la titulación homologada en España, según publica eldiario.es, que explica que se investiga a los cuatro trabajadores por un presunto delito de intrusismo laboral. La denuncia ya ha llegado a los juzgados de la isla, señala el citado medio, que puntualiza que todavía no se ha asignado el juzgado de instrucción que investigará el caso citando fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) a este diario.
Los problemas en este centro comenzaron en febrero de este año, como destapó en exclusiva NouDiari.es, y no han cesado hasta el día de hoy. En aquel momento, las críticas de los familiares de los internos se centraban en el declive evidente del servicio, principalmente por la falta de personal, que estaba saturado y que rotaba de una manera muy frecuente, lo que levantó sospechas de que el personal no estaba correctamente cualificado, tal y como denunciaron en aquel momento.
Esta misma semana, sin ir más lejos, los familiares de los residentes denunciaban la presencia de numerosas gallinas en las zonas comunes del geriátrico, había numerosas gallinas y excrementos que suponen un riesgo para la salud de los mayores y que nadie se hacía cargo de que quitarlas, como puede leerse en este enlace.
Respecto a esta última denuncia, los portavoces de los familiares de los internos no han tardado en reaccionar y esta misma mañana han emitido un comunicado. En el mismo señalan que, sin importarnos quién haya podido poner la denuncia ante la Fiscalía, siguen «luchando con seriedad y rigor por los derechos» de sus familiares, en los que, de un tiempo ha esta parte, «no se ha conseguido todavía ningún avance de manera consolidada», remarcan.
«Hemos solicitado reunirnos con la consellera Catalina Cirer para tratar con pulcritud y detenimiento las circunstancias que afectan a nuestros mayores que, insistimos, son alto dependientes. Llevamos meses suplicando que se haga cumplir la ley. Insistimos en que nuestra petición como familiares no es otra que la plasmada en la resolución del 28 de julio de 2022 del Ministerio de Derechos Sociales, que se publicó en el denominado acuerdo del Consejo territorial de servicios sociales y del sistema para la autonomía y atención de la dependencia, resolución que fue suscrita por Baleares y pasa, por tanto, a ser de obligado cumplimiento, según se desprende del artículo 151 de la Ley 40/ 2015».
Además, manifiestan que, «en el punto 13º, dicha resolución explicita que los centros de atención residencial que superen las 75 plazas deberán contar con profesionales que realicen las funciones de coordinación y enlace con el sistema sanitario público y supervisión de las pautas de cuidados, funciones que deberán ser asumidas por personal sanitario. Según la definición de los artículos 2 y 3 de la ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 44/ 2003 de 21 de noviembre, enfatizando que la atención integral, social y sanitaria es necesaria para todas las personas en situación de dependencia, especialmente para aquellas con enfermedades avanzadas, demencias, problemas de conducta, enfermedad mental, necesidades médicas específicas, cuidados paliativos, etcétera, que además presentan necesidades sociales».
Asimismo, prosiguen diciendo, «la atención sanitaria es responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, que tiene que garantizar que las personas en situación de dependencia tengan el mismo nivel de acceso a la cartera de servicios que el resto de la población, independientemente de que éstas residan en sus domicilios particulares o colectivos, concluye el comunicado.
