EFE / La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, responsable de la investigación de la supuesta trama urbanística de Sant Josep, considera que el exalcalde Ángel Luis Guerrero intervenía de manera directa en los asuntos urbanísticos de especial relevancia.

Además, señala que Guerrero pactaba contrataciones de palabra o designaba a dedo a los técnicos encargados de informar los diferentes expedientes urbanísticos, según informan fuentes cercanas al caso.

Para la magistrada, el exalcalde mostraba un especial interés en determinadas tramitaciones relativas a expedientes urbanísticos.

Según fuentes consultadas por EFE, estas son algunas de las justificaciones aportadas por la jueza para la entrada y registro de diferentes localizaciones. Fruto de la operación, resultó detenido el exalcalde socialista del Ayuntamiento de Sant Josep, junto con otras cinco personas, entre ellas la abogada municipal.

Todas las personas implicadas fueron puestas en libertad provisional, acusadas de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y cohecho, y en el caso de los funcionarios y cargos políticos, también de prevaricación.

Además, según la jueza, Guerrero era conocedor de las actuaciones que llevaba a cabo la abogada municipal, a quien considera un agente necesario para lo que denomina un “procedimiento extraordinario” en relación a la supuesta trama urbanística, indican las mismas fuentes.

De la abogada municipal, la magistrada asegura que omite informes negativos y, por contra, contrata otros externos para rebatir el criterio de la arquitecta municipal, dándole mayor valor a los externos, al ser favorables.

A la letrada del Ayuntamiento de Sant Josep se le atribuye el hecho de acelerar trámites de licencia así como la facilitación en la realización de trámites urbanísticos que, en principio, serían contrarios a la normativa.

Para justificar la entrada y registro de las diferentes localizaciones llevadas a cabo el pasado 13 de junio, la magistrada indica que la abogada municipal mantiene reuniones extraoficiales con promotores, abogados o constructores para conseguir lo que es contrario a la normativa urbanística.

Según las mismas fuentes, en algunas conversaciones la abogada municipal deja, presuntamente, entrever que percibirá un dinero por informes jurídicos que realizarán terceras personas o incluso por echar una mano en la tramitación.

Por otro lado, a lo largo de esta semana, la magistrada ha autorizado a recuperar los dispositivos incautados a las partes implicadas. EFE