@L.Aversa/El Consell de Ibiza ha aprobado hoy la norma cautelar para la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) que tiene como principal objetivo frenar la “especulación” en el suelo rústico, limitando las casas a un máximo de 300 metros cuadrados para terminar con la construcción de mansiones. También prohíbe edificar en parcelas segregadas, a excepción de herencias, entre las principales medidas.
La norma cautelar, que entrará en vigor a partir de su publicación en el BOIB, ha salido adelante con los votos a favor de los grupos del equipo de gobierno, PSOE y Podem-Guanyem, que pactaron esta modificación, y con los votos en contra del Partido Popular, que les acusó de “expropiar” el valor de los terrenos a los propietarios.
La consellera de Territorio, Pepa Marí, ha defendido que las construcciones en suelo rústico “son cada vez más impactantes” y que de continuar con esta tendencia “acabaremos hipotecando a las futuras generaciones”. “Desde la responsabilidad debemos situarnos en la idea esencial de no malgastar el territorio de Ibiza”, ha explicado al consellera, que ha reconocido que “el camino no será fácil porque los intereses son muchos y muy fuertes”.
“Por un lado, determinados sectores privados activarán mecanismos de confusión y de presión que responden a la especulación inmobiliaria y los intereses particulares”, ha asegurado la consellera, para quien, por otro lado, “los intereses sociales no siempre han estado representados por algunos sectores públicos” a los que ha acusado de alimentar “innecesarias confrontaciones” para beneficio propio “y en detrimento del interés general de la sociedad”.
El PP los compara con Hugo Chávez
“Esto recuerda un poco al señor Chávez, que iba por la calle diciendo exprópiese, exprópiese. Ustedes no lo pueden hacer porque la Constitución que ustedes detestan nos protege. Pero sí hacen una cosa, que es expropiar el valor de las fincas”, ha acusado el portavoz popular, Mariano Juan, comparando al equipo de gobierno con el fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez.
Según el conseller, la normativa, al no permitir que las segregaciones sean edificables, deja el suelo rústico al precio agrario que “es muy bajo”, quitando así el valor a las fincas.
También ha criticado que aunque permite que las segregaciones por herencia o donaciones a hijos se puedan edificar, se tiene que cumplir el PTI, que tiene como cláusula para estos casos la prohibición de vender la vivienda construida durante quince años. “A ver qué banco con estas condiciones le dejará dinero a un ibicenco para que se haga una casa”, ha cuestionado.
Juan ha asegurado que la “tranquilidad de los ibicencos era que sus terrenos tenían un valor y que si tenían necesidad, podían vender un trozo”. El conseller ha comparado los terrenos a un fondo de pensiones: “Ahora, les han expropiado este fondo de pensiones, y si un señor tiene necesidades, tendrá que vender la finca entera y deberá ir a las viviendas aquellas que ustedes quieren arreglar”, ha señalado Juan, en referencia a los pisos sociales que el Consell quiere arreglar para dar a la gente con necesidad habitacional.
“Hablar sobre qué vamos a dejar a nuestros hijos. Van a dejar fincas abandonadas, improductivas y sin valor”, ha insistido Juan, que ha asegurado además que el sector agrario “es el más perjudicado” porque tiene estructuras como almacenes o safareig que computan en el máximo de los 300 metros cuadrados permitidos.
“Piel de gallina” de aprobar mansiones
Por su parte, la portavoz del grupo Podemos, la vicepresidenta Viviana de Sans, ha explicado que se le ponía la “piel de gallina” cada vez que veía que la Ciotupha “tenía que aprobar mansiones de 800 metros cuadrados, que evidentemente no eran para una familia”.
Según De Sans, al Partido Popular “no se le arruga la piel” de ver cómo el paisaje ibicenco “se convierte en parcelitas todas edificadas”. De Sans ha defendido que aunque los terrenos “tienen propietarios, el paisaje es un bien común” que se debe proteger, por lo que aprobar la norma cautelar era “muy importante”.”Había que parar este despropósito de ver grandes mansiones en paisajes protegidos que lo único que hacían es romper el paisaje”, ha añadido.
Construir para hacer negocio
Por su parte, al igual que De Sans y Pepa Marí, la portavoz del PSOE, Marta Díaz, ha recordado que tras la norma cautelar se realizará un diagnóstico y una revisión del PTI en profundidad que contará con todos los sectores implicados.
También ha remarcado que en los últimos cinco años el 49,11% de las casas que se construyeron en suelo rústico fueron de más de 400 metros cuadrados. “Es evidente que en suelo rústico se está especulando y que se construye para hacer negocio y no para vivir”, ha indicado la vicepresidenta.
Sobre el sector agrario, la consellera de Territorio, Pepa Marí, ha asegurado que, precisamente, y aunque le ha sorprendido, representantes de este sector le dijeron que la norma cautelar “es lo que se debe hacer con el campo”. “Le gente que trabaja el campo, que realmente cultiva el campo, no necesita la presión especulativa. Quieren tener tranquilidad para poder trabajar”, ha explicado la consellera.
Una autentica vergüenza! un ataque directo a la propiedad privada.
Per es petits proprietaris locals es un greuge comparatiu molt gran, malament ho heu fet es des Psoe,
Lo que tiene el PP es que ir al Constitucional, esta chapuza comunistoide no pasa este test.
Bibiana, Marta…bolcheviques a lo Frida, comunismo puro con la apariencia de una imagen glamourosa.
Legislar sobre algo que no es tuyo es muy fácil. Ahora lo que es mio, ¡no lo toque nadie! Esto es lo que pasa con el PTI.La defensa de la propiedad es el puntal sobre el que se sustenta la democracia.