Unidas Podemos ha exigido este miércoles al Estado que habilite a Baleares para restringir la compra de vivienda a no residentes. La coordinadora autonómica de Podemos, Antònia Jover, ha afirmado en rueda de prensa que «restringir la compra de vivienda a las personas residentes de Baleares se puede hacer. Hay un camino jurídico que empieza por que el Estado habilite a Baleares, así como se desprende de la jurisprudencia europea».
La formación ha presentado este miércoles en rueda de prensa la primera parte del estudio que se ha encargado al Observatorio DESC, de Barcelona, sobre la situación de la vivienda en Baleares y la posibilidad de limitar la compra de vivienda solo a personas residentes en las islas. Antònia Jover ha explicado que «hemos escuchado demasiadas veces que esto no se puede hacer. Hoy venimos a explicar que sí, se puede. El Observatorio DESC es uno de los espacios de referencia en nuestro país en materia de vivienda, y hoy, con la presentación de la primera parte de este informe, damos un mensaje de esperanza a la sociedad: La limitación de la compra de viviendas a no residentes es posible si hay voluntad política».
Antònia Jover ha pedido un «frente común» al resto de partidos con representación en el Congreso para llevar a cabo la habilitación por parte del Estado, para que Baleares pueda legislar sobre esta materia teniendo en cuenta sus peculiaridades. La coordinadora autonómica de Podemos ha explicado también que la segunda parte del informe del Observatorio DESC, que desgranará los pasos a seguir para llevar a cabo esta limitación, se presentará en las próximas semanas en el marco de unas jornadas parlamentarias de vivienda organizadas por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en las islas.
Gloria Santiago, vicepresidenta primera del Parlament y diputada de Unidas Podemos, ha afirmado que «solo en Baleares hay 500 personas con más de 50 viviendas a su nombre. A quienes han atormentado el mercado de la vivienda exprimiendo hasta el último euro a la clase baja y media de esta sociedad, hoy advertimos que las casas están para vivir, no para especular. La vivienda es un derecho, un bien de primera necesidad, y debe estar sometida al interés general, más viendo la situación que atravesamos desde hace demasiado tiempo en Baleares. Mientras hay gente con diez viviendas, otras no pueden independizarse ni permitirse siquiera la entrada de la hipoteca».
Alfredo Palomera y Miguel Ruíz, miembros del Observatorio DESC, han llevado a cabo un diagnóstico de la situación de la compra y la venta de vivienda en Baleares, tanto por residentes como no residentes, y de la situación del mercado del alquiler, donde queda reflejado mediante datos la situación de “extrema gravedad” a la que se enfrenta la ciudadanía de las islas. La propuesta del Observatorio se centra en llevar a cabo una excepción balear para encarar el problema urgente de la vivienda así como se llevó a cabo una excepción ibérica desde Europa para regular los precios del gas.
«De 2020 a 2021 las compras de suelo han aumentado un 100%. La compra de suelos por parte de no residentes ha aumentado un 93% y el valor medio del precio de compra en las Baleares es el más alto de todo el Estado, 408.173€. De 2019 a 2022, este precio se ha incrementado un 75%, se sitúa más de dos veces por encima de la media del Estado. Una de las conclusiones sobre este diagnóstico es que Baleares tiene unas lógicas de mercado de la vivienda diferentes al resto del Estado, hecho que hace que Baleares parezca un territorio exógeno a la realidad española en cuanto a la vivienda», ha destacado Alfredo Palomera, quien ha añadido que «lo que deducimos de estos datos es que no es la nacionalidad de los compradores lo que explica el problema de inaccesibilidad a estos precios, sino al alto poder adquisitivo de los compradores, que no residen aquí. Además, en todos los municipios de las islas entre 2015 y 2020 el precio del alquiler ha subido, exceptuando un solo municipio, entre un 10 y un 40%».
«Hemos comparado los datos de la encuesta de condiciones de vida de los hogares de Baleares con los topes establecidos para poder acceder a una vivienda de protección oficial y hemos visto que el 81% de los hogares de Baleares podría acceder a una vivienda protegida. Si pensamos en una vivienda de protección de régimen especial, se trata de un 40% de los hogares. Esta población tiene que encarar un mercado con un panorama que está pensado para personas externas a Baleares», han explicado desde DESC.
Por su parte, Miguel Ruíz ha explicado que «uno de los escollos de los que se habla es que el derecho en la Unión Europea podría ser un problema. Sin embargo, el estudio demuestra que sí que hay una puerta jurídica que permitiría regular la compra de vivienda por parte de no residentes en Baleares. Hemos analizado más de una docena de casos similares y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy claro: explica que este tipo de medidas son compatibles con el derecho de la Unión Europea siempre y cuando sean necesarias, proporcionadas y que haya razones de interés general, hecho que los datos demuestran por sí solos». Para finalizar, Ruíz ha destacado que «el tribunal de Justicia de la Unión Europea especifica que no tendría ningún tipo de justificación el aplicarlo en todo el Estado, pero sí que vemos una puerta abierta a hacerlo solo en Baleares. En ese sentido, el derecho comunitario iría a nuestro favor».
