Es final de temporada y una trabajadora solicita la baja médica, todavía con el contrato en vigor. La empresa le comunica que tiene 48 horas para abandonar la habitación en la que se ha alojado durante el verano. Ya no compensa. Es uno de los casos que ha llegado esta temporada a las oficinas de Comisiones Obreras (CCOO) en Ibiza, uno de los sindicatos mayoritarios de la isla, que alerta de los riesgos de vincular el alojamiento de los trabajadores a su empleo sin garantizar unas condiciones mínimas.
Así lo explica Consuelo López, secretaria de CCOO en Ibiza y Formentera, a Noudiari, tras ser preguntada por la propuesta que el Consell de Ibiza ha puesto sobre la mesa a raíz de las conversaciones de la Mesa de Diálogo Social. La iniciativa plantea facilitar que las empresas propietarias de solares o estructuras inacabadas en zonas turísticas puedan construir residencias para sus trabajadores.
Como avanzó Noudiari, el conseller de Territori, Mariano Juan, presentó una propuesta que permitiría levantar alojamientos con habitaciones y zonas comunes en estos terrenos e inmuebles. El Partido Popular prevé impulsar la medida de cara a las elecciones de la primavera de 2027. Además, fuentes del Consell han confirmado a este medio que la institución descarta regular los precios de los alquileres destinados a los trabajadores de temporada.
«Es un error de cálculo, es muy cortoplacista y va a impedir un desarrollo posterior», sostiene López. La sindicalista considera que la iniciativa no aborda las causas de fondo de la crisis habitacional. «Somos una zona muy tensionada y hay cosas que no se han hecho y no se quieren hacer, como topar los alquileres o abrir viviendas vacías, respetando la protección jurídica de los propietarios», afirma.
López, que también ha vivido la experiencia de alojarse en una vivienda facilitada por su empresa durante la temporada —una práctica habitual en Ibiza durante las décadas de expansión turística de los años ochenta y noventa—, advierte de que esta fórmula puede condicionar la relación laboral. El temor a perder la habitación, explica, puede llevar a los trabajadores a aceptar condiciones que rechazarían en otras circunstancias.
«Ya lo estamos viendo», asegura, en referencia al caso de la empleada que recibió un plazo de 48 horas para abandonar su alojamiento pese a tener el contrato vigente y estar de baja médica. La dependencia también puede dificultar que los trabajadores se opongan a cambios de turno o a la realización de horas extra. «El trabajador se calla y no protesta por no causar problemas», señala.
Pimeef defiende que existen mecanismos de control
El presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo, rechaza esta visión de la empresa, que califica de «lúgubre». A su juicio, la propuesta del Consell no hará que el alojamiento dependa más de la empresa que en otras situaciones de vulnerabilidad que ya se producen en la isla, pero sin garantías.
«Dependiente ya es ahora viviendo en un sitio donde no se puede quejar, en una habitación realquilada donde, si no gusta, le van a cambiar la cerradura de la puerta», afirma. Rojo recuerda que la falta de vivienda obliga a muchos trabajadores a dormir en el coche o incluso a recurrir a una «cama caliente», en referencia al uso compartido de una cama por distintas personas en diferentes franjas horarias.
Frente a los riesgos que señalan los sindicatos, el presidente de Pimeef reivindica los mecanismos de protección laboral y la capacidad de la Inspección de Trabajo para actuar ante posibles irregularidades o denuncias. «Las empresas estamos fiscalizadas y tendremos inspección laboral si hay una denuncia. También los sindicatos que reciben reclamaciones tienen la capacidad de enviar a la Inspección Laboral y a Sanidad», sostiene.
Rojo admite que la medida beneficiaría principalmente a las grandes empresas hoteleras, ya que serán pocas las pequeñas y medianas empresas que dispongan de solares en propiedad para construir alojamientos. No obstante, considera que la iniciativa podría aliviar parte de la presión sobre el mercado residencial si permite ofrecer habitaciones en condiciones dignas.
«Si una empresa ofrece a 150 trabajadores una cama en condiciones dignas, son 150 camas que se quedan disponibles en el mercado de la vivienda, y eso puede beneficiar también a trabajadores de otras empresas más pequeñas», concluye.
Además, Rojo se muestra muy crítico con el actual nivel de desprotección de numerosos trabajadores ante sus situaciones de vivienda y no coloca a la empresa en el ojo del huracán: «Quizá tiempo ha las barbaridades las hacían las empresas, pero hoy en día esas barbaridades en contra de los trabajadores las están haciendo sobre todo las mafias del alquiler».
CCOO reclama contratos de alquiler independientes
CCOO rechaza la construcción de residencias permanentes de obra nueva, con habitaciones y zonas comunes, porque considera que contribuirían a perpetuar el problema de la vivienda y podrían aumentar las desigualdades entre empresas y entre trabajadores residentes y temporeros.
El sindicato sí ve con mejores ojos las soluciones temporales, como módulos desmontables que puedan instalarse durante la temporada y retirarse al finalizarla, sin levantar nuevas construcciones permanentes. También contempla aprovechar estructuras inacabadas o abandonadas en zonas turísticas, como propone el Consell.
Guadalupe López, representante del sector de Hostelería de la Unión General de Trabajadores (UGT), coincide en que la propuesta no resuelve el problema de fondo. La sindicalista considera un error que las instituciones no exijan regular los precios de los alquileres fijados por las empresas. «Por mucho que se edifique, si no se controla estaremos en la misma situación», advierte. También defiende destinar parte de la recaudación de la ecotasa a crear vivienda.
Desde CCOO también reclaman que los trabajadores alojados por sus empresas cuenten con contratos de alquiler independientes de los contratos de trabajo.
«Si un trabajador pierde el empleo, se ve abocado a irse de la isla, aun encontrando otro trabajo», lamenta López. «Es lo que queremos evitar, porque, si no, esto será la ley de la selva: o te portas bien o te echo de la habitación. La vivienda no puede convertirse en un arma arrojadiza donde la empresa tiene la sartén por el mango», concluye.
