El Ayuntamiento de Sant Josep ha instado a la propiedad del complejo turístico ilegal Casa Lola, de la polémica empresaria conocida como Paquita Marsans, a dar cumplimiento a la sentencia que confirma la orden de derribo de todo lo edificado sin licencia en esta parcela: casi 2.000 metros cuadrados de ocupación total de las edificaciones, piscinas, etc, del complejo.
La propiedad ha sido notificada ya de la resolución judicial del caso, con la desestimación del recurso de casación interpuesto ante el Supremo contra la sentencia que ratifica la demolición del complejo. También les han notificado la obligación de restablecer la legalidad urbanística vulnerada, informa el consistorio en un comunicado.
En esta notificación también se informa a los promotores de que disponen de un plazo máximo de tres semanas antes de que el Ayuntamiento inicie la ejecución subsidiaria de los trabajos de demolición a Casa Lola, contando desde el pasado viernes, 13 de agosto.
Con la resolución judicial del caso, «se han podido concluir también los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística abiertos por el Ayuntamiento a raíz de las diferentes denuncias y visitas que se han hecho a los últimos años por parte de los servicios técnicos municipales al complejo turístico ilegal de Es Cubells», añade el consistorio.
Hay que recordar que esta vivienda ha sido denunciada en múltiples ocasiones por sus fiestas ilegales, que incluso celebra este año a pesar de la normativa Covid, de no tener licencia para ello y de las molestias que genera al vecindario.
Una montaña de obras sin licencia
Las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del suelo vigente son numerosas y de gran volumen: una piscina y una terraza anexa al edificio principal, un porche, una edificación anexa de unos 50 m², los cimientos de una edificación de unos 30 m² de superficie aproximada, una edificación de unos 50 m² construidos situados en el norte de la parcela próxima al camino de acceso, dos edificaciones que forman una ‘L’ de una superficie de 200 m² (50 m² una y 150 m² la otra), un depósito de agua con una superficie aproximada de 52 m², ocho volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933m2, terrazas cubiertas con una superficie total de 342m2, varias terrazas abiertas con una superficie total de 414m2, dos piscinas con superficie de espejo de agua 84m2 y 68m2, respectivamente, una cisterna en construcción de 36m2 de superficie y construcción de varios muros de cierre de parcela y divisiones interiores mediante bloque prefabricado de hormigón y piedra natural, todo con una edificabilidad total aproximada de 1.104 m² y una ocupación total aproximada de 1.892 m².
Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad «se sigue la tramitación también del expediente sancionador contra la propiedad, dado que estas obras ilegales han sido tipificadas como una infracción grave», añaden.
El procedimiento, que se suspendió hasta la resolución del recurso contencioso, se dirige contra la promotora pero también contra las empresas constructoras, con una propuesta de sanción de 1,4 millones de euros.
La resolución acordada también advierte de que, si transcurrido el plazo no se han ejecutado los trabajos necesarios para restablecer la realidad física alterada con la demolición de todo lo construido sin licencia, el Ayuntamiento ejecutará de manera subsidiaria estos trabajos con coste a cargo del infractor.
Contra esta decisión se puede presentar recurso de reposición ante la Junta de Gobierno o ante el juzgado.
Este inicio de expediente de ejecución subsidiaria llega después de que se haya resuelto el caso a los tribunales, «después de años de litigios promovidos por la propiedad de Casa Lola para obstaculizar la actuación del Ayuntamiento ante el cúmulo de ilegalidades detectadas en esta propiedad», recuerda el ayuntamiento. «Gracia al trabajo y la constancia de los servicios técnicos municipales, las resoluciones han ido cayendo todas del lado del Ayuntamiento y han avalado todas sus actuaciones para hacer cumplir la legalidad vigente», remarcan desde Sant Josep.
«Este es el fin de un largo litigio contra esta propiedad que incumple sistemáticamente las leyes urbanísticas. Es un triunfo pone en valor el trabajo hecho por todos los trabajadores del Consistorio y una victoria de los vecinos de este complejo ilegal, que bien pronto podrán recuperar la tranquilidad y el descanso a los que tienen derecho. Desde este equipo de gobierno nunca hemos tenido ninguna duda de que este momento llegaría. La táctica de los empresarios les ha servido para alargar la agonía que han hecho pasar a sus vecinos”, ha dicho el alcalde Ángel Luis Guerrero, matizando que «este equipo de gobierno ha actuado y actuará siempre contra quien decide ir contra la convivencia, el respeto y las leyes, por atentar contra el territorio, aunque las resoluciones no lleguen tan pronto como nos gustaría. Que nadie piense que hay impunidad para hacer la vida imposible a nuestros vecinos ni para lucrarse a expensas de nuestro territorio saltándose las leyes ».
Después de nueve años ya está bien, esta lleva todos estos años riéndose de todos los ibicencos.
De todas maneras hasta que vea la excavadoras derribando no me lo creeré.
Y ahora Casa Paola y Km5
Cretu 2
A ver si es verdad.
porque no le obligan a que las instalaciones se ofrece para temas culturales y sociales, asi se aprovechan que sentido tiene demoler ?
La pena es que se tenga que demoler, lo que es un despropósito. Después de 9 años de litigio, lo único que se le ocurre a la justicia y a la administración es una destrucción sin sentido. Otra escombrera más añadida a la larga lista de la isla.
Qué tal una expropiación y convertir Casa Lola en una bonita Residencia de la Tercera Edad?
Dejar pasar 10 años para expropiar la edificación ilegal daría un incentivo enorme a la administración para «encontrar» ilegalidades en obras construidas. Es mejor la demolición. Y aún mejor, una justicia rápida y unas leyes urbanísticas más claras y permisivas.